Miembros del Sindicato de Empleados Municipales Independiente (SEMI) dieron a conocer la resolución favorable de un juez federal, del proceso iniciado en su contra por el delito de despojo, interpuesto por el Sindicato Único de Empleados Municipales (SUEM).
Verónica de la Cruz Córdoba, secretaria general del SEMI, en rueda de prensa explicó que tras un proceso de casi seis años, la autoridad federal concedió la absoluta libertad en lugar de la provisional bajo fianza de la que gozaban siete de sus integrantes.
Cabe recordar que en el 2004 todos pertenecían al SUEM, pero luego de que la lideresa Patricia Quezada Culebro se negara a establecer elecciones democráticas para la sucesión de la directiva, el sindicato se dividió para integrar uno nuevo que se denominó como SEMI.
Sin embargo debido a que el nuevo sindicato ocupó las instalaciones del SUEM, este organismo sindical interpuso una denuncia por robo y despojo, siendo ejecutadas órdenes de aprehensión en contra de Verónica de la Cruz Córdoba y dos trabajadores más de acuerdo a la causa penal 381/006, mientras que trece más lograron el beneficio del amparo.
El proceso continuó y ocho de los acusados fueron exonerados, mientras los que siete recibieron sentencia condenatoria el 15 de octubre del 2009, alcanzaron la libertad bajo fianza y teniendo que acudir semanalmente a firmar en el Reclusorio Regional del puerto de Coatzacoalcos.
Sin embargo, la autoridad federal tras la revisión del caso, revocó la sentencia condenatoria y se dictó la correspondiente sentencia absolutoria a favor de los trabajadores Arturo San Juan Santiago, Dora María Alejandro Martínez, Paulo Peredo García, Jacinta Hernández Fernández, Loth Pérez García, Teresa Hernández Pérez y Joaquín González Hernández.
Los trabajadores acompañados por su lideresa Verónica de la Cruz, señalaron que este triunfo representa la lucha que se inició en la defensa de sus derechos, al formar un sindicato comprometido a proteger sus demandas laborales.
Agregaron que el proceso fue sumamente desgastante, pues representó un gasto económico que cimbró la estabilidad de sus familias, además del daño emocional y moral del que fueron objetos al ser acusados, aunque al final resultaron totalmente absueltos.
Por esta razón los quince acusados en el 2004 iniciarán inmediatamente una denuncia penal contra la líder del SUEM, Patricia Quezada Culebro, por los delitos de daños moral y económico, pues consideran que resultaron agraviados en el proceso.