Acepta Defensoría Pública que hay inocentes presos en Veracruz

Mario Pereyra Esquivel, director del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública, aceptó que hay internos en los 22 penales del estado que se encuentran encarcelados injustamente porque no tuvieron una buena defensa, por lo que en 2008 iniciará la revisión de algunos expedientes para liberar algunos pagando fianzas, daños por reparar o juicios de amparo, para lo cual solicitará más de 20 millones de pesos de presupuesto.

Entrevistado por este medio electrónico, quien fuera subprocurador de Asuntos Indígenas afirmó que testificó, en visita a los penales, que había muchos casos de personas purgando una condena que presumiblemente eran inocentes porque no tuvieron una buena defensa, aunque no se atrevió a mencionar cifras estimadas ni porcentajes de casos porque “se tienen que evaluar los expedientes de cada uno”.

Por ello, agregó, revisarán algunos expedientes de personas que se encuentran internos en los reclusorios y dependiendo de su estado jurídico resolverán los que se puedan, no necesariamente con una ley de amnistía que promulgue el Gobernador, sino pagando una fianza o los daños, solicitar un amparo en los tribunales para lograr la excarcelación de quienes injustamente estén presos.

El abogado mencionó que en este año se han dedicado a capacitar a los 20 abogados que forman parte del equipo que se encuentran ubicados en cada una de las cabeceras de los distritos judiciales y en especial han trabajado con los abogados bilingües de Zongolica, Ozuluama, Chicontepec, Papantla, Poza Rica y del sur del estado, en donde se calcula que el 10 % del total de reclusos de las cárceles de Veracruz son indígenas, quienes ingresan a los Ceresos por los delitos de lesiones, abigeato, despojo, violación y homicidios.

Por todo ello, Peryera Esquivel comentó que solicitarán un presupuesto superior a los 20 millones de pesos para el Instituto, porque están previendo que habrá mucho trabajo, porque hay muchos casos de la población que requiere de asesorías jurídicas y no tiene recursos para pagar los honorarios de un abogado, por ello, según la dinámica de trabajo y lo que aprueben los legisladores, podrían solicitar una ampliación presupuestal para contratar más abogados.