Con el respaldo de los 199 ayuntamientos involucrados, el Gobierno de Veracruz puso en marcha la ruta jurídica, financiera y técnica para extinguir la bursatilización contratada en 2008, un esquema que durante casi 2 décadas mantuvo comprometidas las participaciones federales de los municipios.
La administración estatal informó que, de cumplirse el calendario previsto, a partir de agosto los ayuntamientos comenzarían a recibir completas sus participaciones, sin las retenciones que durante años fueron descontadas para cubrir el pago de la deuda bursátil.
La estrategia impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García busca desmontar uno de los mecanismos financieros más cuestionados heredados de administraciones pasadas, al considerar que limitó durante años la capacidad de inversión municipal en obra pública, drenaje, agua potable, alumbrado y seguridad.
Como parte del nuevo esquema, el Gobierno del Estado absorberá el 75 por ciento del adeudo y los municipios el 25 por ciento restante, bajo condiciones distintas a las originales: sin cobro de intereses y reduciendo el plazo máximo de liquidación del año 2026 al 2030.
El proceso avanzará ahora en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), luego de que los ayuntamientos entregaron las actas de Cabildo con la aprobación formal de la propuesta.
De acuerdo con el cronograma oficial, el próximo 5 de junio iniciará la validación documental de los 199 municipios; posteriormente, el 15 de junio se firmará el convenio del nuevo mecanismo estatal y el 20 de junio se llevará a cabo una sesión de confirmación regional con autoridades municipales.
La etapa decisiva se desarrollará en julio. El día primero, el Gobierno del Estado notificará oficialmente al fideicomiso y a los tenedores bursátiles la decisión de liquidar anticipadamente la deuda. Más adelante, el 21 de julio se realizará la transferencia de recursos y el 27 de julio está prevista la cancelación definitiva de los certificados bursátiles.
El Gobierno estatal destacó que, además del saneamiento financiero, el nuevo esquema incorpora mecanismos de corresponsabilidad para asegurar que los recursos liberados sean utilizados prioritariamente en infraestructura básica y servicios públicos para la población.
La bursatilización fue contratada en 2008 como mecanismo para adelantar recursos a municipios a través de la afectación de participaciones federales futuras, lo que durante años generó descuentos automáticos a los ayuntamientos y limitó su margen financiero.