Acotan fuero a militares; si cometen delitos contra ciudadanos serán juzgados en tribunales civiles

El Pleno de la Cámara de Diputados avaló por unanimidad la minuta del Senado que acota el fuero militar, para que elementos de las Fuerzas Armadas que cometan delitos contra ciudadanos sean juzgados por civiles y no por tribunales castrenses, como ocurre actualmente.

“Los delitos del orden común o federal que fueren cometidos por militares en tiempo de guerra, territorio declarado en ley marcial, o cualquiera de los supuestos previstos en la Constitución, corresponderán a la jurisdicción militar siempre y cuando el sujeto pasivo no tenga la condición de civil”, señaló el documento.

La minuta, aprobada por el Senado el jueves 24 de abril, modifica el Código de Justicia Militar, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, fue avalada en San Lázaro con 428 votos a favor y turnada al Ejecutivo para su promulgación.



Estas modificaciones responden a la sentencia dictada en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la cual demandó al Estado mexicano que ajustara su legislación para garantizar que los integrantes de las Fuerzas Armadas, que delincan contra la ciudadanía, sean juzgados por autoridades civiles.

El principal cambio es el que se efectúa al artículo 57 del Código de Justicia Militar, para que sean delitos del orden común o federal los que comentan elementos de las Fuerzas Armadas en contra de civiles.

Expresa que el maltrato a prisioneros, detenidos o presos y heridos y actos de pillaje, devastación, merodeo, saqueo o apropiación de botín, sólo serán consideradas como delitos contra la disciplina militar cuando se cometan en campaña.



“Fuera de este supuesto, las conductas que resulten en delitos del orden común o federal serán juzgados por tribunales federales ordinarios”, indicó.

Con la reforma se incluye en el Código de Justicia Militar a la figura de Policía Ministerial Militar, la cual actuará bajo la conducción y el mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos, en sustitución de la Policía Judicial Militar.

Asimismo, se establece la presunción de inocencia de los imputados, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme, emitida por el juez de la causa, cuando la legislación, hasta el momento, asume la intención delictuosa.



El derecho a la presunción de inocencia fue elevado a rango constitucional en 2008.