Activistas demandan a autoridades de Veracruz ampliar investigaciones por caso David Lara

Colectivos de familiares de personas desaparecidas exigieron este martes que las autoridades amplíen las investigaciones en el caso de David Lara Cruz y determinen no sólo la responsabilidad de un exfuncionario ya sentenciado, sino también la de quienes integraron la cadena de mando que, señalaron, permitió la alteración de evidencias y el ocultamiento de información.

El pronunciamiento fue difundido en la localidad de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, en el contexto de la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño derivada del proceso penal seguido contra el exdirector de Servicios Periciales de Veracruz, Gilberto “N”.

Un juez de enjuiciamiento del distrito judicial de Xalapa dictó fallo condenatorio contra Gilberto "N" por un delito vinculado con la desaparición de personas en agravio de David Lara Cruz, caso relacionado con el hallazgo de cuerpos en la barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata. La resolución fue emitida el 31 de marzo durante una audiencia celebrada en el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa, dentro de la causa penal J-104/2024, derivada de la carpeta de investigación UIPJ/DXI/10°/169/2016.

De acuerdo con la determinación del juez de enjuiciamiento Roberto Santos Maldonado Morales, se acreditó la responsabilidad penal del exfuncionario. Ante ese proceso judicial, colectivos de familiares señalaron que la resolución contra un exfuncionario no resuelve de manera integral el caso y plantearon que las investigaciones deben extenderse a quienes pudieron participar en la toma de decisiones dentro de la estructura institucional. “La sentencia contra el exfuncionario no agota la justicia: las familias exigen investigar quién dio la orden y la cadena de mando responsable”, indicaron en el documento firmado por colectivos de búsqueda de distintas regiones del estado.

El posicionamiento sostiene que la audiencia no debe limitarse a establecer la responsabilidad de una sola persona, sino revisar el contexto institucional en el que ocurrieron los hechos. “Ante la audiencia de individualización de sanciones en el caso de la desaparición forzada y alteración de evidencias de los restos de David Lara Cruz, manifestamos que este proceso no es solo sobre una persona funcionaria declarada culpable. Es también sobre la responsabilidad del Estado mexicano y las autoridades veracruzanas frente a las desapariciones y frente al derecho de las familias a la Verdad y a la Justicia”, señalaron.

Barranca La Aurora

El caso se relaciona con irregularidades detectadas en el manejo del hallazgo de restos humanos ocurrido el 19 de enero de 2016 en la barranca de La Aurora, ubicada en el municipio de Emiliano Zapata.

De acuerdo con documentos integrados en investigaciones ministeriales, en ese sitio fueron localizados restos de 19 personas. Entre las víctimas se encontraba David Lara Cruz, policía estatal de Veracruz, quien el 12 de enero de 2016 acudió a instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Xalapa para presentar evaluaciones de control y confianza.

Según testimonios incorporados al expediente, el agente salió de su domicilio para acudir a dichas evaluaciones y posteriormente habría sido detenido por compañeros de la misma corporación, sin que existiera registro oficial de su detención. Días después, a su familia se le informó que el cuerpo había sido localizado en la carretera rumbo a Alto Lucero. Sin embargo, documentos de la carpeta de investigación refieren que el cadáver había sido encontrado previamente en la barranca de La Aurora junto con otros restos humanos.
La investigación ministerial indica que, tras el hallazgo de los cuerpos, el entonces director de Servicios Periciales fue notificado del hecho. De acuerdo con la información contenida en el expediente, el funcionario habría instruido realizar el levantamiento de los cuerpos localizados en la barranca, pero informar oficialmente sólo sobre el hallazgo de seis cadáveres. También se documentó que, pese a que el cuerpo de Lara Cruz fue identificado mediante dactiloscopía, se ordenó trasladarlo a la localidad de Santa Ana, en el municipio de Alto Lucero, para reportar ese sitio como el lugar de su hallazgo.

Autoridades ocultaron información

En su pronunciamiento, los colectivos afirmaron que la desaparición no concluye con la privación de la libertad de una persona, sino que continúa cuando las autoridades ocultan información, alteran hallazgos o vulneran la cadena de custodia. “La desaparición de personas no termina con la privación de la libertad. Continúa cuando se oculta información, cuando se alteran hallazgos, cuando no se preserva la cadena de custodia, cuando se simulan investigaciones o se manipulan registros”, indicaron.

Las organizaciones también señalaron que ocultar cuerpos, alterar su localización o impedir su identificación vulnera el derecho de las familias a conocer la verdad. “Ocultar cuerpos, alterar su localización o impedir su identificación no solo rompe la legalidad: rompe la confianza en las instituciones encargadas de investigar. Y cuando la cadena de custodia se vulnera, también se vulnera el derecho a la verdad”, expresaron.

Los colectivos recordaron que el Estado tiene obligaciones en casos de desaparición: investigar con debida diligencia, preservar indicios y hallazgos con apego a la ley, garantizar la identificación de las personas desaparecidas, informar con veracidad a las familias y sancionar a quienes obstruyan la justicia.

Asimismo, señalaron que el proceso judicial representa una oportunidad para enviar un mensaje institucional sobre la investigación de desapariciones. “La audiencia que se celebra el día de hoy representa una oportunidad para enviar un mensaje claro: ocultar la verdad en casos de desaparición también es una forma de desaparecer a nuestros familiares”, sostuvieron.

Las familias insistieron en que la justicia no puede detenerse en la responsabilidad de una sola persona y reclamaron que se esclarezca quién dio las órdenes, quién permitió las acciones y quién encubrió los hechos. “La verdad completa exige esclarecer no solo quién ejecutó los actos, sino quién los decidió, quién los encubrió y quién dejó que ocurrieran”, señalaron.

El pronunciamiento fue respaldado por colectivos y familiares de personas desaparecidas como María Herrera Poza Rica, Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, Familiares Enlaces Xalapa, La Esperanza del Reencuentro, Buscando Corazones Perdidos Xalapa, Fe, Fuerza y Esperanza de Nogales, Unidos por Amor a Ti de Coatzacoalcos, Unidos por la Paz Veracruz, Guerreras en Búsqueda Veracruz, Caminando Hasta Encontrarte y Madres Novias del Sol Buscando a sus Hijos de la Cuenca del Papaloapan, entre otros.

Entre las personas firmantes aparecen Luisa Ronzón Montiel, madre de Luis Ronzón Montiel; Marisol Ramírez Calte, hermana de Alfredo Tlaxcalteco Calte, y Nancy Rodríguez Bolaños, hermana de Santiago Damián Bolaños Rodríguez. “Seguiremos buscando. Seguiremos nombrando a nuestros familiares. Seguiremos exigiendo verdad”, concluyeron.