Este lunes, integrantes de la agrupación ARPA (Acciones para el Respeto y Protección de Animales) se reunieron con diputados locales para presentar su propuesta de modificación a la iniciativa de reforma a la Ley de Protección a los Animales del Estado de Veracruz.
Debido a que la iniciativa de Ley de Bienestar Animal, que fue presentada por el diputado local Eduardo Robles Castellanos, generó inconformidad entre los grupos protectores de animales, el legislador del PVEM se vio obligado a retirarla.
Ahora se trabaja conjuntamente en la elaboración de una iniciativa de reforma a la Ley de Protección a los Animales que data de noviembre del 2010.
ARPA propuso la modificación al segundo párrafo del segundo artículo para que queden totalmente prohibido en territorio veracruzano los espectáculos de tauromaquia, peleas de gallos, faenas camperas, las carreras de animales,
actividades relacionadas con el deporte de la charrería, jaripeos y pamplonadas.
Así como regular las granjas, cinegéticas, Unidades de Manejo Ambiental (UMAS) y demás
permitidas por la Ley.
Al artículo 3 piden que se especifique que quedan prohibidas las peleas de animales y no específicamente de perros y que el titular del Poder Ejecutivo destine presupuesto para la atención al bienestar animal y que quede totalmente prohibida la redada de animales.
Además proponen que corresponda a la Secretaria de Educación:
El desarrollo de programas de educación formal y capacitación en materia de protección y trato digno y respetuoso a los animales, en las instituciones de educación básica, media superior y superior
del Estado, en coordinación con
la Secretaría y autoridades competentesy en su
caso, de las asociaciones protectoras de animales y organizaciones no gubernamentales
legalmente constituidas, asi como el desarrollo de programas de educación no formal e informal con los sectores gubernamentales, social, privado y académico.
Que la Secretaría de Salud no tenga la atribución de establecer, regular y verificar los centros de control animal, pero sí establecer convenios de
colaboración con las asociaciones protectoras de animales legalmente constituidas para la realización de campañas de esterilización; contar con un médico veterinario zootecnista titulado y capacitado en el área clínica y de cirugía como responsable del área de zoonosis en todas las jurisdicciones sanitarias; capacitar al personal en cuanto a la relación del maltrato animal y la violencia en general y establecer protocolos de atención psicológica a personas que maltraten animales.
Proponen también que se derogue la fracción II del artículo 9 que dice:
“El desarrollo de programas de educación y capacitación en materia de protección y trato digno y respetuoso a los animales, en coordinación con las autoridades competentes relacionadas con las instituciones de educación básica, media superior y
superior del Estado, con la participación, en su caso, de las
asociaciones protectoras de animales
y organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas, así como el desarrollo de programas de educación no formal e informal con los sectores social, privado y académico”.
Mientras que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con los municipios integrar, capacitar, equipar y operar
brigadas de vigilancia animal para responder a las necesidades
de protección y rescate de animales en situación de riesgo o maltrato, estableciendo una coordinación interinstitucional para
implantar operativos en esta materia y coadyuvar con asociaciones civiles en la protección y canalización de animales a los centros de salud animal municipales, centros de atención, refugios y albergues de animales.
Así como brindar capacitación al personal y elementos de seguridad en materia de legislación de protección
y bienestar animal,
para responder a las necesidades de la ciudadanía en materia de protección animal.
Los animalistas pidieron la modificación de 50 artículos que atentan contra la vida animal, mientras que los diputados integrantes de las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales y de Medio Ambiente, se comprometieron a analizar las propuestas, que entre ellas destacan que si una persona es denunciada por maltrato animal que se le prohíba volver a adquirir una mascota.
También se habló sobre la necesidad de regular los Centros de Salud Animal (CSA), porque muchos carecen de personal certificado y herramientas de trabajo, como vehículos o instalaciones adecuadas: “Esto debe estar en la ley, porque muchos ayuntamientos no quieren entrarle al tema”, manifestó Jiménez Mora.
Los animalistas pidieron regular las prácticas de algunos grupos, que utilizan el tema para recaudar dinero; promover campañas de esterilización, y prohibir las peleas de gallos, entre otros temas.
Durante la reunión de trabajo, que se efectuó en la Biblioteca “José María Mata” del Palacio Legislativo, los animalistas acusaron al alcalde de San Andrés Tuxtla, Manuel Rosendo Pelayo, de pretender realizar redadas de perros.