Acudieron a denunciar fraude pero en la Fiscalía no les admitieron la denuncia

Un grupo de 17 personas víctima de una presunta estafa con plazas de TELMEX acusó a fiscales de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de ignorar su caso y no admitirles la denuncia correspondiente.

Los afectados se inconformaron afuera de las instalaciones y acusaron que 2 supuestos gestores, plenamente identificados, les garantizaron que podrían asignarlos en plazas de TELMEX y de la Fundación Carlos Slim.

Señalaron como presuntos responsables al camillero del Asilo Sayago, Julio Salazar Rogelio, así como a la enfermera jubilada del CECAN, Esther Sánchez Cruz, integrante de la asociación “Palabras y Hechos”.



Dichas personas afirmaron que los espacios de trabajo fueron gestionados por Roberto Juárez Jiménez, supuesto diputado de MORENA y que otra persona, de nombre Gabriela Peñaloza, sería su jefa inmediata.

Explicaron que al ofrecerles el empleo los presuntos estafadores les pidieron 2 mil 500 pesos para realizar pruebas antidopaje, adquirir uniformes y capacitación, dinero que pagaron los 17 afectados, en total 42 mil 500 pesos.

Sin embargo, al acudir a las oficinas de TELMEX en la calle Leandro Valle del centro de Xalapa, los empleados del lugar les informaron que no sabían nada del asunto y que no había plazas disponibles en la fundación Carlos Slim.



Los inconformes insistieron que cuentan con váuchers de los depósitos realizados, así como el domicilio y la dirección del centro de trabajo de los presuntos gestores pero personal de la Fiscalía les señaló este martes que “no hay nada que hacer”.

"Fui una de las que entró a la Fiscalía y nos dijeron que no puede proceder (…); nos dijeron que la única alternativa que aquí le ven es que la persona que nos incitó a unirnos a estas plazas nos firme un pagaré".

“Ello para que posteriormente se pueda proceder de la forma civil y que se demande por incumplimiento; pero están de ‘brazos cruzados’ y no se puede hacer nada”, afirmó uno de los supuestos estafados.



Las personas inconformes pidieron anonimato debido a que los gestores tienen documentos personales.

"A nosotros en ningún momento nos dijeron que eran plazas o trabajos por debajo del agua o que nos estaban vendiendo una plaza; lo que nos dijeron es que ese dinero era para un examen antidopaje y para uniformes".

“Ellos lo pueden seguir haciendo y lo van a seguir haciendo; nosotros nos quedamos sin ese dinero, perdimos nuestro tiempo esperanzados en un trabajo que no nos van a dar y la Fiscalía no nos va a apoyar”, explicaron.