La demora en la emisión de la tercera alerta por violencia de género en Veracruz, relacionada con la desaparición de mujeres, ha generado críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos que acusan omisión por parte de las autoridades estatales.
Anaís Palacios Pérez, integrante de la Red Lupa, cuestionó la falta de respuesta institucional, al señalar que esta tardanza ha tenido consecuencias graves para las víctimas. “¿Qué hicieron las autoridades que estaban en ese momento?”, expresó, aludiendo a una posible responsabilidad administrativa por la falta de acción.
Palacios afirmó que la omisión debe tener consecuencias legales: “Debería haber una responsabilidad para quienes omitieron su trabajo”, subrayó. Asimismo, lamentó que no existan mecanismos que sancionen el incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios públicos en este tema.
La defensora se refirió a las declaraciones de la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Zaira Del Toro Olivares quien refirió que el Gobierno Estatal ha mantenido mesas de trabajo y ha impulsado la creación de institutos municipales de búsqueda aunque admitió que estos no se centran específicamente en la desaparición de mujeres.
Sobre estos comentarios, Palacios Pérez consideró que las acciones implementadas son insuficientes y atribuyó la demora a decisiones políticas. “En el marco de la opinión de que no era necesaria una tercera alerta se dejaron de hacer muchas cosas”, apuntó.
La defensora también criticó al Ejecutivo estatal por no haber designado oportunamente a una persona titular del IVM y por el abandono de los grupos de trabajo destinados a atender la problemática. “Es una omisión del Ejecutivo no haber designado a una persona titular del IVM, no haber dado seguimiento a los grupos de trabajo”, concluyó.