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Sección: Estado de Veracruz

Acusaciones de que ORFIS pide “moches” vienen de conservadores y neoliberales

- Auditora Delia González Cobos los acusó de querer desacreditar el trabajo del organismo

- Descarta que ocurran; hay sistema “antisobornos” y siempre hay personal que supervisa

Javier Salas Hernández Xalapa, Ver. 03/10/2022

alcalorpolitico.com

Conservadores y neoliberales pretenden desacreditar el trabajo del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y afectar su imagen, aseveró Delia González Cobos.

La auditora general señaló que previo a la entrega del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2021, se habló de pago de “moches” por la limpia de cuentas públicas.

Sin embargo, expuso que hasta el momento no hay una sola denuncia y sólo ha quedado en dimes y diretes, por lo que reiteró el llamado a que si alguien tiene conocimiento de esa situación que presente la denuncia correspondiente.

“No estoy de acuerdo cuando veo en los periódicos que hay ‘moches’. Eso no suena lógico, tenemos un sistema antisobornos”, agregó.

Dijo que tal vez en el pasado se acostumbraba esas prácticas, pero en su administración no se permitirá ese tipo de conductas ni se tolerará la corrupción.

Al cuestionarle que la versión de la existencia de “moches” para la limpia de cuentas públicas salió del propio Congreso del Estado, dijo respetar la autonomía del Poder Legislativo y a los diputados que están en libertad de expresar sus opiniones.

Sin embargo, expuso que ese tipo de comentarios están fuera de la realidad, sobre todo porque ese delito no lo comete una sola persona, sino dos.

“Si es un auditor, tiene un supervisor, el supervisor tiene un jefe de departamento. Este tiene un subdirector y ese un director, y de ahí está el auditor especial a cuentas públicas. Hay una serie de personas que están revisando y revisando. Y luego, el sistema gestor de la plataforma informática va registrando lo que se va revisando y ese tiene identificación plena de quién está haciendo las modificaciones y va quedando la huella, por eso no es tan fácil”, explicó.

Aunado a ello, agregó la auditora, hay un agravante jurídico establecido en el artículo 319 del Código Penal que señala que se impondrá de 1 a 8 años de prisión y multa de hasta 200 días de salario al servidor público que deje de cumplir con los deberes inherentes a su empleo u comisión en perjuicio o beneficio de un tercero.

“La persona que llegara a realizar una conducta de estas, sabe que hay prisión de uno a ocho años por llevar a cabo estas acciones, peros además, el delito de cohecho, es al que da y al que recibe, entonces si doy algo para que me maquillen o escondan, no sólo es que le recibe, responsable penalmente, también el que da”, concluyó.