Acusan a ex dirigente de Sindicato Petrolero en Poza Rica de quedarse con ahorros de jubilados

Los miembros del Departamento de Jubilados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana de la Sección 30 no encuentran apoyo y piden justicia por el incumplimiento de pago de ahorros de su ex dirigente Donaciano Ortíz Hernández. Además aseguran que su actual líder, Héctor Cruz Rodríguez, sólo manifiesta que espera que el responsable pague de forma voluntaria.

Al inicio de este año se realizó el cambio de delegado ante el Departamento de Jubilados del STPRM de la Sección 30, por lo que Donaciano Hernández dejó el poder en manos de Héctor Cruz Rodríguez, quien en años anteriores prefirió formar la Asociación Civil Solidaridad para demostrar una mejor administración en los recursos de los trabajadores petroleros.

A decir del nuevo dirigente, recibió en ceros la administración que maneja fondos de ahorros de los trabajadores jubilados; sin embargo, pese a las acciones que han emprendido mediante reuniones constantes con su actual representante del Departamento de Jubilados y de buscar el respaldo del secretario general del STPRM de la sección 30, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, la situación permanece intacta.



Algunos de los jubilados que mantenían ahorros en la administración de este departamento, como el caso de la señora María Torres, quien tenía un ahorro de 150 mil pesos por tres años, esperaba recibir su dinero en marzo.

“Nos dicen que para marzo, luego que siempre no, que siempre sí, que los intereses se van a pagar. Luego el señor Quiroz Cruz no puso una barrera para atendernos, sólo atendieron a diez personas y dijeron que sí nos iba a ayudar, que esperáramos, que hasta el día 20. Pero hasta ahorita no hemos visto nada”.

Acompañada de un grupo de trabajadores jubilados que laboraron para Petróleos Mexicanos (PEMEX), se plantó en la explanada del Parque Benito Juárez, esperando encontrarse con su dirigente Héctor Cruz Rodríguez, quien participa cada lunes con su presencia en los actos cívicos de las autoridades municipales.



Estiman que son mil 200 ahorradores y el adeudo suma 400 millones de pesos, comentó Silvia González, quien explicó que hay temor a las represalias, pero exigen que se haga justicia porque Donaciano Hernández goza de libertad y no devuelve los ahorros de los trabajadores, pero tampoco que ninguna autoridad actúe.

El delegado del Departamento de Jubilados, Héctor Cruz Rodríguez, había anunciado que se ejecutarían acciones legales contra Donaciano Hernández Ortiz, pero luego manifestó que tuvieron una reunión y que de manera conciliatoria aceptarían que su antecesor devolvería el dinero.

Pedro Prior Quintero dijo: “Chano nos engañó, nos sigue engañando. Nos mostró un cheque por 70 millones de pesos el cual estaba posfechado y a la semana nos dicen que no tiene fondos, pero que había sido error del banco. Nos pidió para el jueves pasado que lo esperáramos, pero me llamó para decirme que el cheque no tiene dinero, le reclamé su engaño y dijo ser hombre de palabra”.



Explicó que entre las intenciones del Departamento de Jubilados es conformar un fideicomiso con la intervención de cada uno de los miembros que le integran pero dijo no poder abundar en detalles.

Por su parte, César Bauza del Mazo, también trabajador petrolero jubilado, expresó: “son las primas de nuestra jubilación, como los bancos dan poco interés y nuestros salarios van mermando, entonces confiamos en una caja de ahorros que es de jubilados, que tiene el escudo del sindicato (…) con esas siglas confiamos”.

Manifestó de su enfrentamiento verbal con Donaciano Hernández, exigiéndole una explicación que si fue dirigente de esta agrupación, que si niega haber firmado los contratos de ahorros de cada jubilado y le cuestionó el porqué tomó ese dinero para adquirir bienes e inmuebles para su beneficio personal.



“Eso no es fraude, eso es robo y amerita cárcel. De ahí las perspectivas que estamos viviendo porque lo estamos acusando de tener nuestro dinero, más no lo estamos acusando de robo”.

Los trabajadores jubilados quieren extender esta situación de manera pública, solicitando la intervención del propio gobernador Javier Duarte de Ochoa.