Acusan a Miguel Contreras de ocupar finca con contrato y firma falsa de dueña fallecida

Desde enero de 2023, Isamar Michelle Ugalde Jiménez no puede disponer de una finca de aproximadamente una hectárea que heredó de su madre en Paso de la Milpa, municipio de Actopan. El terreno permanece en posesión de José Miguel Contreras Jiménez, quien presentó un supuesto contrato de arrendamiento por 28 años con una firma atribuida a la madre de la joven, la cual ella denuncia como falsa.

En el expediente aparecen 2 nombres señalados previamente por víctimas del llamado “Cártel Inmobiliario” de Xalapa: Miguel Isaac Contreras Gómez Gil y Miriam Ceballos Ruiz, ambos vinculados al despacho del abogado Roly Domínguez Romero.

Documentos en poder de este medio muestran que Miguel Isaac Contreras Gómez Gil intervino como abogado defensor de José Miguel Contreras Jiménez (su sobrino), denunciado por Isamar Michelle y quien mantiene la posesión de la finca.



En una declaración rendida ante la Fiscalía General del Estado (FGE), José Miguel Contreras Jiménez aparece asistido por Miguel Isaac Contreras Gómez Gil como su defensor particular, con cédula profesional 12027336. En esa diligencia, Contreras Jiménez se reservó su derecho a rendir declaración, mientras que su abogado solicitó copias de la carpeta de investigación.

Miriam Ceballos Ruiz también aparece directamente en la documentación relacionada con el contrato utilizado dentro de la controversia. Una certificación notarial fechada el 20 de febrero de 2025 establece que el notario público número 11 de la Décima Primera Demarcación Notarial, Miguel Ángel Díaz Pedroza, cotejó una copia fotostática con el original de un contrato de arrendamiento compuesto por 3 fojas.

El documento corresponde a la certificación número 26 mil 61 y señala expresamente que el cotejo fue expedido “en favor de la ciudadana Miriam Ceballos Ruiz”. De esta manera, mientras Miguel Isaac Contreras Gómez Gil aparece como defensor de José Miguel Contreras Jiménez, Miriam Ceballos Ruiz figura como la persona a cuyo favor fue expedida la certificación notarial de la copia del contrato de arrendamiento relacionado con la disputa por la finca.



Los nombres de Miguel Isaac Contreras Gómez Gil y Miriam Ceballos Ruiz han aparecido en otras denuncias de afectados por presuntos despojos en Xalapa, así como la notaría número 11 y han sido relacionados con el despacho de Roly Domínguez Romero, abogado también señalado reiteradamente por integrantes del grupo de víctimas, como líder del “Cártel inmobiliario”.

La finca en disputa es conocida en Paso de la Milpa como “Poza Tía María” y, de acuerdo con Isamar Michelle, perteneció primero a sus abuelos, quienes realizaron ahí sus primeras siembras. Posteriormente, la finca pasó a manos de su madre, Eduviges Jiménez Ronzón. “Más allá de sólo ser una finca, también es historia de mi familia. Mi mamá estaba muy contenta de tenerla”, expresó Isamar.

Eduviges Jiménez falleció en diciembre de 2022. Antes de morir, de acuerdo con su hija, realizó ante el Registro Agrario Nacional (RAN) el trámite correspondiente para dejarla como sucesora de los derechos. Apenas un mes después del fallecimiento, en enero de 2023, una prima avisó a Isamar que José Miguel Contreras Jiménez estaba ingresando a la finca y decía en la comunidad que su madre le había vendido el terreno.



Isamar acudió a Paso de la Milpa acompañada de su padre y su hermano. Al llegar encontraron a José Miguel Contreras dentro de la propiedad y le preguntaron por qué estaba ahí y con qué documento acreditaba que Eduviges Jiménez le había vendido. Según el relato de la afectada, José Miguel respondió que tenía un contrato de compraventa.

La familia le pidió que lo mostrara y acordaron acudir a su domicilio. Sin embargo, Isamar aseguró que después de retirarse en motocicleta ya no lograron localizarlo durante ese día. Acudieron entonces con las autoridades de Paso de la Milpa, donde se intentó programar un encuentro. José Miguel tampoco se presentó a esa cita.

Posteriormente recurrieron a las autoridades municipales de Actopan. El 17 de febrero de 2023 se gestionó un citatorio para que compareciera el 21 de febrero, pero ante la falta de solución Isamar presentó una denuncia por despojo ante la Fiscalía General del Estado.



Fue durante una conciliación ante la Fiscalía cuando José Miguel Contreras Jiménez presentó por primera vez un documento para justificar la posesión de la finca. Pero, según Isamar, ya no era el contrato de compraventa que inicialmente había mencionado. Se trataba ahora de un supuesto contrato de arrendamiento por 28 años.

En el documento aparece una firma atribuida a Eduviges Jiménez Ronzón, madre de Isamar. La joven sostiene que esa firma es falsa y solicitó que el contrato fuera incorporado al procedimiento para poder realizar un peritaje que determinara su autenticidad. Como testigos del supuesto contrato, de acuerdo con la afectada, aparecen María Esther Salazar y Rosa Isela Hernández García. Isamar aseguró que durante buena parte del procedimiento el contrato no fue incorporado y que posteriormente volvió a ser exhibido como una fotocopia durante la audiencia intermedia.

La existencia de la certificación notarial fechada en febrero de 2025 aporta otro dato: el notario Miguel Ángel Díaz Pedroza hizo constar que tuvo a la vista el original del contrato para cotejar la copia fotostática y que dicha certificación fue expedida a favor de Miriam Ceballos Ruiz, pareja de Miguel Isaac Contreras Gómez Gil.



Mientras la disputa avanzaba, Isamar continuó con el procedimiento sucesorio iniciado por su madre ante el Registro Agrario Nacional. El 18 de septiembre de 2023 recibió el certificado correspondiente, una vez realizado el traslado de los derechos a su nombre. Pese a ello, José Miguel Contreras Jiménez continuó en posesión de la finca. El asunto llegó a los juzgados de Pacho Viejo y quedó registrado dentro del proceso penal 754/2024.

Otro de los documentos entregados por Isamar muestra que el 6 de septiembre de 2024 estaba programada una audiencia inicial de imputación. El acta del Poder Judicial del Estado establece que Isamar Michelle Ugalde se encontraba presente junto con sus asesores jurídicos Ramiro Priego Jiménez y Ensueño Fortuny Valdivia, sin embargo, la audiencia no se realizó. José Miguel Contreras Jiménez presentó escritos mediante los cuales informó que no podía comparecer debido a un cuadro médico con datos sugestivos de dengue.

Su defensor, Miguel Isaac Contreras Gómez Gil, tampoco estuvo presente. El documento judicial explica que el abogado había sido requerido el 4 de septiembre por la jueza Blanca Miriam Herrera, titular del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Xalapa, para comparecer ante ese juzgado por un asunto relacionado con la restitución de su hijo, quien, según quedó asentado, se encontraba retenido indebidamente por un tercero.



Ese mismo día tampoco acudió la fiscal Eberizai Eréndida Pérez Güemes. El acta señala que la fiscal había sido comisionada a un curso que concluiría en diciembre de 2024. Ante esta situación, en el propio documento judicial se hizo referencia al derecho de las partes a una justicia pronta y se ordenó vincular al entonces fiscal de Distrito, Lauro Erick Huidobro Chávez, para que designara a otro fiscal que atendiera el asunto. Isamar aseguró que no fue la única audiencia que se aplazó durante el procedimiento.

Posteriormente se realizó la audiencia intermedia, donde nuevamente fue presentada la fotocopia del contrato de arrendamiento. El juez determinó avanzar hacia juicio oral, que, de acuerdo con la denunciante, estaba previsto para noviembre pasado. Sin embargo, la contraparte promovió un amparo y el procedimiento volvió a prolongarse.

Para Isamar, uno de los principales cuestionamientos es precisamente la duración del supuesto arrendamiento utilizado para mantener la posesión de la propiedad. “Es absurdo. Y a cada persona con quien voy y que me pregunta cuál es tu caso, pues 28 años de arrendamiento. Todos dicen: ‘es una locura, ¿quién te renta por 28 años?’”, relató.



Mientras el procedimiento continúa, José Miguel Contreras permanece en la finca y, según la denunciante, utiliza el terreno para actividades agrícolas, principalmente siembras de malanga y chayote. Isamar asegura que, aun sin tener la posesión, ella y su familia siguen cubriendo gastos relacionados con la propiedad.

Explicó que cuando el río de la zona crece y se desborda se requieren trabajos, entre ellos reparaciones de tuberías y es su familia quien realiza los pagos. También aseguró que los propietarios de las fincas vecinas continúan reconociéndolos como responsables del terreno y recurren a ellos cuando es necesario realizar trabajos o aportar dinero.

La joven sostiene que durante estos años ha evitado cualquier confrontación para intentar recuperar por su cuenta el inmueble y decidió mantener el conflicto dentro de las vías legales. “Yo he querido hacer todo conforme a la Ley. No me he ido allá a meter, a echarle pleito, nada de esto. Todo de modo legal”, señaló.



Isamar Michelle pide que se determine la autenticidad de la firma atribuida a su madre en el contrato de arrendamiento, se resuelva el proceso iniciado desde 2023 y pueda recuperar la posesión del terreno que legalmente reclama como sucesora. Para ella, no se trata únicamente del valor económico de aproximadamente una hectárea de tierra. La finca perteneció a sus abuelos, después a su madre y finalmente los derechos fueron trasladados a su nombre. “Más allá de sólo ser una finca, también es historia de mi familia”, reiteró.

Mientras tanto, la finca “Poza Tía María” continúa en manos de José Miguel Contreras Jiménez y el supuesto contrato por 28 años sigue formando parte de un proceso en el que también aparecen, documentalmente, la notaría número 11 de Xalapa, Miguel Isaac Contreras Gómez Gil y Miriam Ceballos Ruiz, nombres que ya han sido señalados en otros casos atribuidos por víctimas al llamado “Cártel Inmobiliario” de Xalapa.