Acusan corrupción en Junta de Conciliación federal, en Coatzacoalcos

Señalamientos de corrupción y discriminación social, son los que se hicieron este inicio de semana en contra de Sandra Irma González Peniche, presidenta de la Junta de Conciliación federal número 38 de Coatzacoalcos.

Fausto Vicente Torres Pérez, abogado laborista, relató las injusticias que se han venido suscitando de manos de la señalada desde el 2014, en agravio de un grupo de adultos mayores que fueron despedidos por Seylu del Istmo S.A de C.V.

“Se interpuso una demanda en 2014 por despido injustificado, en virtud que no había avances ellos intentaron comunicarse de forma personal con la Presidenta y en las diversas ocasiones, la secretaria les indicó que para poder pasar tenían que agendar una cita que iban desfasadas en un mes, así lo hicieron, eran 12, en el trayecto fallecieron dos, cuando tocó su cita les dijeron que solo pasara uno porque apestaban a pobres”, explicó.



Aunado a este acto de discriminación, mencionó que en diversas ocasiones han acudido a solicitar audiencias con ella para conocer estado procesal de su expediente laboral y ante la negativa se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República el 11 mayo 2023 por los delitos que resulte responsable, por desacato a un mandamiento de una autoridad federal y discriminación.

“Hay un severo acto de corrupción, graves mafias de abogados con la presidenta, nuestro asunto data de 2014 y para que camine hemos promovido juicios de amparo para agilizar que la autoridad federal dicte resolución. Aunque son 3 días acuerdo de pruebas, siempre espera que la gente se vaya al amparo cosa a la que se esperó un año y para su ejecutoria otro año”, externó.

Torres Pérez declaró que aunque los autos del juicio laboral ya estaban preparados para sentencia, se tuvo que acudir a solicitar la protección constitucional ante el juez federal y resulta que el 10 de julio del año pasado, el juez 9no de distrito, quien les concedió la protección, estuvo obligado a requerir a la presidenta para que diera cumplimiento inmediato a la emisión de la sentencia de los señores y hasta noviembre, por intervención del juez de distrito, Agustín Archundia, que también tiene nexos con ella, le extendió la facilidad para no dar cumplimiento a la sentencia.



“Ya cambiaron el juez y la nueva ha sido condescendiente para no dar la sentencia, Sandra Irma lleva más de 5 requerimientos sin recibir la multa de 100 veces el salario mínimo, por eso denunciamos ante la FGR por el artículo 267 que puede deshabilitar de la función y mandar a la cárcel al servidor público que incumpla una sentencia o no la haga cumplir como está ocurriendo aquí”, indicó.

Ante tal situación, dijo esperar que la autoridad pertinente tome cartas en el asunto y no solo resuelva el tema de los agraviados por Saylu del Istmo que dieron empleo por dos años a estas personas en la reconfiguración de la Refinería de Minatitlán, sino también que atienda lo que se vive en la junta de conciliación federal donde no solo hay corrupción sino que incluso, esconden expedientes laborales, con la ayuda del actuario Arturo Gazca y Facundo Andrade para no llevar a cabo las audiencias.