Acusan de despojo de patrimonio a funcionarios de INVIVIENDA

Por medio de la presente le solicitamos sea publicada esta nota a la opinión pública, ya que este medio de comunicación que informa día a día, se ha distinguido en su transparencia y a fin de evitar más injusticias y para que las personas que también se han visto afectadas denuncien.

Hacemos la denuncia pública, de los hechos de corrupción, del despojo de nuestro patrimonio por parte de funcionarios públicos corruptos del Instituto Veracruzano de la Vivienda, hay un grupo de gerentes y subgerentes como trabajadores, que cometen actos de corrupción y favores personales con las mujeres y familiares.

Este grupo de personas nos ha despojado de nuestro único patrimonio, ya que hicieron cancelaciones de las constancias de asignación a nuestro favor, de los lotes 2, manzana 42-a, lote 3, manzana 42-a y lote 15, manzana 18, ubicados en el predio denominado El Tronconal, de esta ciudad capital, de manera fraudulenta, para adjudicárselos ellos mismos como nuevos beneficiarios, con prestanombres que son sus mismos familiares, siendo ellos funcionario públicos de INVIVIENDA, por ley no pueden ellos adquirir estos lotes.



El exgerente jurídico, Isaí Erubiel Mendoza Hernández fue el que dio las órdenes para hacer las cancelaciones de asignación, mismo que firmó las cancelaciones, el actual encargado de la Gerencia Jurídica, Arturo Yepez Duarte, fue quien cumplió las órdenes y en lo personal, con su esposa fue quien tramitó los documentos con los que inició este fraude, ya que su esposa es una funcionaria pública que trabaja en Patrimonio del Estado, la cual facilitó todos los trámites.

El licenciado Luis Gabriel Macchia Moreno, fue la persona que realizó las notificaciones falsas, ya que nunca acudió a nuestro domicilio con lo cual se nos está despojando del patrimonio, la licenciada Laura María Díaz Ávila es la persona que realizó todos de los documentos y les dio trámite con el respaldo y la complicidad de los funcionarios mencionados, el arquitecto Jorge Rodríguez Huesca, en su encargo que tiene en la Gerencia de Registro y Control de Suelo y Bienes Inmuebles, participó en estos actos de corrupción, él recibió la documentación e hizo el trámite de las cancelaciones de asignación a nuestro favor, a sabiendas de que se estaba cometiendo un fraude y actos de corrupción, ayudó a poner y aceptar la propuesta de los nuevos beneficiarios para que se adjudicaran nuestros lotes, personas que son familiares de los funcionarios públicos corruptos y prestanombres, pero a diferencia de los tres funcionarios Erubiel, Arturo y Laura, él no se vio beneficiado con ningún lote, (…) estas personas se dicen muy influyentes porque tienen el respaldo de los gerentes y subgerentes de INVIVIENDA y algunos de ellos son personas sindicalizadas agremiadas a la CTM, por lo que dicen que nos les pueden hacer nada.

Licenciado Enrique Nachón García, su equipo de trabajo es un grupo de personas que sólo se favorecen ellos mismos, ya estamos hartos de los atropellos que siempre sufrimos, hay mucha gente que necesitamos un terreno, un patrimonio para nuestra familia e hijos, gente que somos trabadores, honrados y desprotegidos, lo exhortamos a que ponga un alto a estos actos de corrupción y que devuelva los lotes que nos pertenecen, destituya de inmediato a estos funcionarios corruptos y de vista a la Contraloría del Estado para que sean sancionados los funcionarios, usted hace quedar mal al licenciado Ranulfo Márquez Hernández, secretario de Desarrollo Social y al gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, como él dice todo el peso de la ley a quien lastime la confianza de los veracruzanos y cero tolerancia a los servidores públicos por las irregularidades que hayan cometido, seguramente este caso no debe ser el único en donde se despoja del patrimonio a las personas, en el Instituto Veracruzano de la Vivienda.



Anexamos documentos que sustentan los hechos.

Le ruego no sean publicados mis datos.

Atentamente



Nombre (…)

Número (…)

Nota de la Redacción: Se anexa copia de oficio que enviaron a la Contraloría y fue recibido el 12 de octubre de 2015.