Acusan que Juez, Abogado y Alcalde de Orizaba se confabularon para encubrir fraude

Acusan a Juez y abogado, de actuar en contubernio con el alcalde de Orizaba, Fidel Rojí López, para inculpar a familiar cercano, de un desfalco que cometió el presidente municipal por más de 5 millones de pesos, cuando fungió como administrador de un grupo de gasolineras en el periodo 2015-2016.

A través de una carta abierta a la Magistrada Presidenta del Poder Judicial, Inés Romero Cruz, la prima hermana del Edil, Valía Rojí Pereda, le solicita una audiencia urgente para exponerle las “atrocidades” cometidas por el Juez Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, a quien señala de actuar en confabulación con el abogado Rodolfo Reus Medina y el Alcalde Fidel Rojí López.

En la carta, Valía Rojí expone que tanto a su esposo como a dos personas más, las acusaron del desfalco cometido por el ahora Alcalde, ya que el ilícito se cometió en su periodo de administración, cuando era socio en el grupo gasolinero.



Aunque por esta situación ya se inició el proceso legal, la esposa del acusado expuso que ahora se atentó contra la vida de su marido, ya que no se le otorgó servicio médico, aun cuando se les informó que su vida corría peligro, ya que padece síndrome coronario agudo.

“El pasado 10 de noviembre, a mi esposo a pesar que en plena audiencia presentó problemas de salud, no se le brindó el servicio médico, ya que los auxiliares que llegaron, informaron que, para que un médico llegara debían tener autorización de sus Jefes, siendo éstos los de Protección Civil –quienes dependen del alcalde Igor Roji López– por tanto informaron, estas personas que no son médicos, “diagnosticaron” que mi esposo se encontraba bien que solo estaba nervioso. Y a pesar que llamé a un servicio médico particular (pues yo me encontré en todo momento en las instalaciones de afuera donde se efectuaba la audiencia), no se le permitió la entrada para su revisión. Por lo que el Juez, con lo que le fue informado –por conducto de la encargada de sala– de los no médicos, decidió continuar la audiencia”, se lee en la carta.

De igual modo, mencionó que al concluir la audiencia, y al haber impuesto la prisión preventiva justificada a su esposo, mientras que a otros dos co-imputados, señalados por los mismos hechos, se les impuso como medida la firma periódica, de nueva cuenta se solicitó una revisión médica antes de su traslado al reclusorio de La Toma.



“Consecuencia de todo lo anterior, mi esposo fue trasladado de urgencia del reclusorio al Hospital General de la ciudad de Córdoba, la tarde del día 11, y dada la gravedad que presentó y la necesidad de su atención y el equipamiento de ese hospital a lo que se suma ser hospital COVID, las autoridades penitenciarias lo trasladaron al hospital particular que tuviera la tecnología inmediata para su atención, pues su vida corría peligro”.

Ante ello, acusó que se puso en peligro la vida de su esposo, por las decisiones tomadas tanto por el juez, como por los elementos de protección civil que siguieron órdenes del Alcalde.

“Señora Magistrada, debo exponerle, que esta situación que tiene en peligro a mi esposo, es consecuencia de decisiones no solo indebidas sino a complacencia de una autoridad municipal, que no solo por ser Alcalde, sino porque tiene interés directo, ya que él en su momento formó parte de las empresas que se dicen afectadas y trata de cubrir el desfalco que él dejó, y a costa de ello, realiza todo lo que está en sus manos”, asentó.



En este sentido, relató que en diciembre pasado su abogada denunció ser víctima de desaparición forzada por hechos relacionados, además de que, aseguró que tanto la abogada como ella, han sufrido violencia de género al dar seguimiento a este asunto, tanto por las autoridades como por los abogados, las fiscales y las contrapartes.

“Por todo ello –reiteró– ruego, una audiencia, y pueda entender el dolor que estoy pasando en este momento como esposa, madre y la impotencia que a pesar de encontrarnos en estos años, aún se siente impotencia ser mujer. Porque la parte que acusa a mi esposo, son dos sociedades, de las que yo soy dueña del 50 por ciento, esto parece no tener sentido”, finalizó en su carta abierta, Valía Rojí Pereda.