Se presentó denuncia formal en contra de la síndica del Ayuntamiento de Catemaco, Yani del Carmen Moreno Ricalde, por presunto encubrimiento de violencia de género, fraude y uso del sistema de justicia para criminalizar. La señalan de intento de despojo de una propiedad que ella vendió, por el que su hermano habría amenazado y golpeado a la ahora dueña del terreno y pese a que este hecho también se denunció, fue la agredida quien terminó vinculada a proceso.
Abigaíl de la Cruz Chuzeville relató que el origen del conflicto se remonta a 2020, cuando por motivos laborales comenzó a prestar servicios a despachos educativos en la región de Los Tuxtlas. Durante esos viajes conoció la Barra de Sontecomapan, donde se interesó en adquirir un terreno para establecerse y eventualmente montar un negocio.
“Yo iba constantemente a la Barra de Sontecomapan, me parecía un lugar muy bello y empecé a preguntar si había terrenos en venta”, narró. A través de personas del restaurante “El Yuca”, propiedad de la familia de la hoy síndica, le informaron que había un predio disponible.
De acuerdo con su testimonio, en 2020 fue presentada con Yani del Carmen Moreno, hoy síndica de Catemaco, quien le mostró el terreno y con quien acordó la compraventa mediante una cesión de derechos. “Le dije que sí me gustaba, que si podía darle pagos y me dijo que sí”, explicó.
La denunciante afirmó que la venta fue por 450 mil pesos y realizó 4 pagos, el último en enero de 2021, documentos que tiene su poder firmados de recibido y avalados por notario público. “Yo tengo documentos donde ella me recibió y me firmó el dinero. En algunos también firma su esposo y hay testigos”, aseguró.
Posteriormente, relató, por una situación de violencia familiar tuvo que salir de la región, pero dijo hacerlo con la tranquilidad de que el terreno ya estaba pagado. Tiempo después regresó para limpiar el predio, levantar la cerca, pagar predial y solicitar el deslinde correspondiente.
El conflicto escaló cuando, al encontrarse realizando labores en el terreno, un hombre identificado como Marco Antonio Ricalde Moreno, hermano de la síndica, derribó la cerca e intentó destruir una bodega. “Omití denunciarlo y traté de arreglarlo por la vía del diálogo”, señaló.
Abigaíl acudió ante el agente municipal, quien citó a ambas partes. Sin embargo, afirmó que la Síndica no acudió y que, al buscarla en el restaurante familiar, ésta se negó a hablar con ella. “Me dijo que no tenía nada que hablar conmigo”, relató.
Días después, ante la autoridad municipal, la funcionaria desconoció el trato directo con la denunciante. “El agente le preguntó con quién había hecho el trato y ella señaló a otra persona. Yo le dije: ‘Pero yo te pagué a ti’, y me contestó: ‘Hazle como quieras’”, recordó.
El 6 de enero de 2025, la situación derivó en un episodio de violencia física. Abigaíl de la Cruz denunció que Marco Antonio Ricalde Moreno irrumpió en el terreno, la agredió, la amenazó y trató de sacarla por la fuerza. “Entró con gritos, amenazas, con todo el dolo de pegarme. Me intentó sacar a golpes”, declaró.
Aseguró que había testigos que le pedían al agresor que se calmara. “Le decían que tuviera cuidado porque yo era mujer, pero a él no le importó”, dijo. Tras el ataque, acudió a las autoridades y posteriormente presentó una denuncia formal el 6 de enero de 2025, la cual quedó registrada como carpeta de investigación 21/2025.
“Cuando la Fiscal me vio, me dijo que fuera primero con un médico particular para que me revisaran bien”, relató. La denunciante documentó sus lesiones y posteriormente fue valorada por peritos. Quince días después, dijo haberse enterado de que ella misma había sido denunciada por lesiones y amenazas por la persona que la agredió. “Me dijeron que yo estaba denunciada y yo pregunté: ‘¿Cómo que me denunciaron?, si yo fui la golpeada’”, expresó.
Al acudir a la Fiscalía para preguntar por el avance de su carpeta, le informaron que existía un proceso en su contra. “Supuestamente yo lesioné a un hombre que pesa más de 110 kilos. Yo mido 1.66 y peso 57 kilos”, subrayó.
Posteriormente fue citada a audiencia, vinculada a proceso y se le impuso la medida cautelar de firma semanal. Señaló que la vinculación se sustentó principalmente en un dictamen médico practicado al denunciante. “A él lo revisaron de manera minuciosa; a mí la revisión no duró ni 5 minutos”, afirmó.
También denunció irregularidades durante el proceso judicial, como la negativa de la jueza Alejandra Espinosa Fernández a admitir testigos. “Me quedé en estado de indefensión”, sostuvo.
La denunciante aseguró que existe un video que documenta el momento de la agresión. “En el video se observa cuando esta persona (hermano de la sindica), entra a mi domicilio a la fuerza y me golpea con todo su peso”, afirmó. Material que, dijo, no ha podido ser valorado en audiencia.
Tiempo después de este hecho violento, comenzó a presentar fuertes dolores físicos. “Al mes empecé con dolor en la cadera y resultó que tengo una fractura de coxis, derivada de esas lesiones”, señaló. Actualmente, Abigaíl de la Cruz dijo vivir con temor por su integridad y la de su hijo.
Indicó que interpuso la denuncia por fraude contra la Síndica, la cual también permanece sin avances. “Denuncié por fraude porque quieren vender el terreno y dicen que hay otros dueños, pero esos dueños no aparecen”, explicó al reiterar su temor de que la Síndica pueda manipular los documentos y la despojen de su patrimonio.
La mujer aseguró que el proceso penal en su contra forma parte de una estrategia de presión. “Esta falsa denuncia es para amedrentarme, para que me salga del terreno o para generarme antecedentes penales”. Abigaíl de la Cruz dijo que también presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos y reconoció el respaldo de instancias estatales. “He recibido apoyo de Atención a Víctimas, de la Defensoría del Estado y de personal de la Secretaría de Gobierno”, señaló.
En ese contexto, expresó un agradecimiento directo a la Gobernadora. “Quiero agradecerle a la ingeniera Rocío Nahle por el apoyo que he tenido desde Atención Ciudadana y desde la Secretaría de Gobierno. Desde que me escucharon, me han estado apoyando”, dijo.
También agradeció a funcionarias que la atendieron durante el proceso. Sin embargo, hizo un llamado urgente a la mandataria estatal. “Le pido a la Gobernadora que se salvaguarde mi seguridad, que se investigue lo que está pasando, que se analice bien mi caso y todas las pruebas que tengo”, expresó.
La denunciante cuestionó que la Síndica haya solicitado respaldo público por presunta violencia de género. “Ella dice que está sufriendo violencia de género, pero a mí también me la están ejerciendo. No puede ser que de mujer a mujer se cometa fraude y se use el poder para aplastar a otra”, declaró.
Finalmente, pidió que se investigue a fondo el actuar de las autoridades involucradas. “Que se investigue, que se aclare este tema y que se haga justicia. Esto me ha desgastado emocional, económica y psicológicamente, y ha afectado mi salud, ahora temo por mi vida”, concluyó.