Aduana de Veracruz ni siquiera multaba bien; perdió dinero por impugnaciones

Entre 2018 y 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) perdió ingresos debido a la falta de fundamentación de las multas aplicadas por servidores de la Aduana del Puerto de Veracruz a importadores o a personas físicas y morales.

Una auditoría implementada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó que si bien el personal de la Aduana jarocha impuso créditos fiscales, los infractores rebatieron dichas sanciones por medio de recursos de impugnación.

La Función Pública refirió que los servidores no fundamentaron de manera legal y exhaustiva los correctivos; y esto derivó en pérdida de ingresos al SAT.



Además, la SFP diagnosticó que los procedimientos de la Aduana de Veracruz no fueron eficientes; siendo de ejemplo que se realizaron impugnaciones a 284 resoluciones del ente.

“Se pierden los créditos fiscales determinados en las resoluciones y se reducen los ingresos por créditos fiscales”, dice la resolución.

Entre los actos detectados por la Función Pública resalta que un servidor de la Aduana de Veracruz no fundamentó la aplicación de una infracción por 3 mil 622 pesos, como refiere la resolución 800-55-00-02-02-2018 por un artículo de importación. El infractor por lo tanto, solicitó la nulidad del correctivo ante las instancias correspondientes.



Otra sanción anulada es la correspondiente a la resolución 800-55-00-02-01-2018, en la cual la Aduana multó con un crédito fiscal de 20 mil 510 pesos a un agente aduanal y no al importador, dándose la impugnación.

Otros créditos fiscales que perdió la Aduana fueron dos por un valor de 54 mil 290 pesos y de 147 mil 894 pesos, emitidos por las resoluciones 800-55-00-02-01-2018-007600 y 800-55-00-02-01-2018-9612; así mismo, un servidor público de la aduana no motivó ni fundamentó una sanción por 49 mil 752 pesos; misma que se quedó sin efecto.

"De lo anterior, se observa que los procedimientos administrativos desahogados y resueltos por la Aduana de Veracruz presentaron inconsistencias que afectaron la legalidad de los actos, derivando de que las resoluciones emitidas se dejaron sin efecto o se declaró su nulidad", indica la auditoría.