Una vez que inicien las campañas de los candidatos y candidatas a cargos de juzgadores del Poder Judicial Federal y Local, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá la lupa puesta en cada uno de ellos.
Los candidatos y candidatas serán fiscalizados por el árbitro electoral y, en caso de cometer alguna infracción, de acuerdo con la gravedad, podrán recibir una amonestación pública, una multa de hasta 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de cometer la falta o la cancelación del registro de su candidatura.
El INE definió que las personas candidatas a juzgadores podrían incurrir en una infracción cuando asistan a actividades proselitistas organizadas por partidos políticos, coaliciones, personas aspirantes a candidaturas independientes, precandidatos o candidatos de procesos electorales a cargos de ayuntamientos, o a eventos de organizaciones ciudadanas que pretendan constituirse como partidos políticos.
También caerían en irregularidades si solicitan o reciben financiamiento público o privado, en dinero o en especie, de manera directa o indirecta para sus campañas, de cualquier persona física o jurídica colectiva en territorio nacional o en el extranjero.
Asimismo, será una infracción rebasar el tope de gastos personales determinados por el Consejo General del INE o por el Consejo General del OPLE, contratar, por sí o por interpósita persona, espacios en radio y televisión, internet, pautado en redes sociales o cualquier otro medio de comunicación para la promoción de sus postulaciones, lo que se considerará como ingreso o gasto prohibido, o contratar directamente o por interpósita persona a personas físicas o morales que realicen y difundan encuestas o sondeos de opinión.
También serán sancionados si omiten registrar ingresos y gastos junto con la documentación comprobatoria, no presentan el informe único de gastos, omiten presentar la agenda de eventos o sus modificaciones de forma oportuna, registran ingresos y egresos de forma extemporánea o no adjuntan muestras del bien o servicio adquirido, entre otras faltas.
Las personas candidatas podrán hacer uso de redes sociales o medios digitales para promocionar sus candidaturas, siempre y cuando no impliquen erogaciones para potenciar o amplificar sus contenidos. Asimismo, podrán participar en foros de debate, mesas de diálogo o encuentros, pero estos serán monitoreados o verificados por el INE para vigilar y garantizar que no se utilice financiamiento público ni privado, en efectivo o en especie, por parte de las personas candidatas a juzgadores ni de instituciones o servidores públicos que impliquen un beneficio directo a una o algunas de las personas candidatas a juzgadores que participen.