Durante los últimos años, los Órganos Internos de Control (OIC) de los entes fiscalizables mantienen rezagos en la atención a observaciones administrativas y deficiencias en sus procedimientos.
Pese a que se han iniciado más de 2 mil procedimientos administrativos derivados de las observaciones realizadas en las Cuentas Públicas 2017 a 2023, el número de sanciones impuestas es bajo y han existido omisiones en la entrega de información sobre los avances en las investigaciones.
Lo anterior, de acuerdo con el Informe de Seguimiento correspondiente a la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2017-2023, elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS). El documento también subraya que “el ORFIS notificó a los titulares de los Órganos Internos de Control las observaciones de carácter administrativo señaladas en los respectivos Informes Individuales y, en su caso, las recomendaciones”, y que estos debían informar “la fecha y número de expediente con el que se inició la investigación”.
A pesar de los miles de procedimientos iniciados en siete años, el seguimiento revela que un número importante no deriva en sanciones ni en informes concluyentes, mientras que numerosos entes fiscalizables omiten informar los avances de las investigaciones. “El ORFIS no prejuzga ni emite opinión alguna sobre la información presentada por los OIC”, advierte el ORFIS, que reitera que los órganos de control tienen la responsabilidad de “concluir con la investigación, calificar la falta y determinar las sanciones que correspondan”.
Detallan resultados
Del total de entes fiscalizables en la Cuenta Pública 2023, que fueron 308, el ORFIS señala que “los OIC de 255 entes iniciaron procedimientos”, mientras que “44 no presentaron información respecto al inicio del procedimiento” y “9 entes únicamente recibieron recomendaciones”.
En estos procedimientos, se identificó que “149 entes únicamente informaron la apertura del expediente, 78 se encuentran en proceso de investigación, 24 han sido concluidos y 4 han determinado sanción”.
En los casos con sanción correspondiente a 2023, se incluyen los municipios de Cuitláhuac, Citlaltépetl, Mixtla de Altamirano y Tehuipango, donde se aplicaron amonestaciones privadas y públicas. El informe también menciona que “en 19 entes no se reportaron movimientos, toda vez que se concluyeron los procedimientos sin sanción” y que se emitieron 7 informes de presunta responsabilidad administrativa.
Respecto a la Cuenta Pública 2022, el ORFIS reportó que “de los 312 entes fiscalizados, 283 iniciaron procedimientos de investigación”. De estos, “109 únicamente informaron la apertura del expediente, 82 se encuentran en proceso de investigación, 10 han determinado sanción, 8 emitieron informe de presunta responsabilidad administrativa, 48 fueron concluidos sin sanción y 26 no presentaron información respecto al inicio del procedimiento”.
Para el ejercicio 2021, se documentó que “de los 308 entes fiscalizables, 277 iniciaron procedimientos de investigación”, de los cuales “95 emitieron acuerdo de conclusión y archivo, 21 determinaron sanción, 9 emitieron informe de presunta responsabilidad administrativa, 6 resolvieron la inexistencia de responsabilidad administrativa” y “146 entes aún se encuentran en proceso de investigación”.
En el año 2020, “de los 308 entes fiscalizables, 270 iniciaron procedimientos de investigación”, según el documento. “En 73 se determinó acuerdo de conclusión y archivo, 6 emitieron acuerdo de calificación de falta administrativa no grave y 191 aún se encuentran en proceso de investigación”. A partir de las observaciones, “se presentaron 46 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Fiscalía General del Estado”.
Sobre la Cuenta Pública 2019, el ORFIS informó que “de los 308 entes fiscalizables, 263 iniciaron procedimiento”, de los cuales “84 emitieron acuerdo de conclusión y archivo del expediente, 5 emitieron acuerdo de calificación de falta administrativa y 174 aún se encuentran en proceso de investigación”. Asimismo, “se presentaron 68 denuncias penales” y se practicaron “366 requerimientos de información y 93 inspecciones físicas”.
El seguimiento a 2018 da cuenta de que “de los 308 entes fiscalizables, 181 iniciaron procedimiento”, con 145 expedientes concluidos, 34 informes de presunta responsabilidad administrativa y 2 acuerdos de calificación de falta administrativa. También “se presentaron 7 denuncias penales”. El informe destaca que “se presentó una denuncia penal ante la FGR con motivo del presunto daño patrimonial al sistema de videovigilancia, por un monto superior a los mil millones de pesos”.
En el ejercicio 2017, el ORFIS documenta que “de los 308 entes fiscalizables, 129 iniciaron procedimiento”, de los cuales “87 emitieron acuerdo de conclusión y archivo del expediente, 6 emitieron informe de presunta responsabilidad administrativa, 2 emitieron acuerdo de calificación de falta administrativa” y 34 continúan en investigación. Se interpusieron 22 denuncias penales. El ORFIS puntualiza que “se encuentra en tiempo legal para resolver los procedimientos en trámite conforme a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.