La Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas de Veracruz deben ejercer un control más estricto sobre las universidades que ofrecen especialidades aceleradas para cirujanos plásticos, consideró el presidente de la Federación Colegiada de Cirujanos Plásticos de México, Mario Eduardo Pantoja Ludueña.
Lo anterior, luego de que el 30 de enero, el diputado Daniel Cortina Martínez presentó ante el Congreso local de Veracruz una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar disposiciones al artículo 258 del Código Penal del Estado para imponer sanciones más severas a quienes usurpen profesiones, especialmente en el ámbito médico.
Pantoja Ludueña destacó la necesidad de que estas reformas sean acompañadas por una mayor rigurosidad de las autoridades educativas. “La Secretaría de Educación tiene que prestar mucha atención, y no sólo en Veracruz, sino en toda la República, a este tipo de escuelas que ofrecen cursos exprés y de donde egresa gente que no está capacitada para hacer procedimientos quirúrgicos estéticos”, dijo.
Actualmente, Veracruz ocupa el quinto lugar a nivel nacional en casos de cirugías plásticas con resultados adversos. Ante esta situación, Pantoja Ludueña exhortó a la población a verificar la certificación de los médicos antes de someterse a cualquier procedimiento estético. “Antes de acudir con alguna persona para realizarse un procedimiento estético, deben consultar la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva o la de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva para verificar que el profesional esté debidamente acreditado”, recomendó.
Hay que mencionar que la iniciativa legislativa propone reformar el primer párrafo del artículo 258 del Código Penal de Veracruz para establecer que “los médicos especialistas podrán pertenecer a una agrupación médica, cuyas bases de organización y funcionamiento estarán a cargo de las asociaciones, sociedades, colegios o federaciones de profesionales de su especialidad; agrupaciones que se encargan de garantizar el profesionalismo y ética de los expertos”.
Asimismo, se plantea que “se impondrán prisión de seis meses a tres años y multa de cincuenta hasta cien unidades de medida y actualización a quien ejerza una actividad profesional sin estar legalmente autorizado”.
Pantoja Ludueña subrayó la importancia de esta reforma, al considerar que “ya era necesario que Veracruz tuviera una ley enfocada a este tipo de prácticas”. Además, mencionó que leyes similares ya se han implementado en otros estados del País y que su aplicación contribuirá a reducir los casos de usurpación profesional y las consecuencias negativas para la salud de los pacientes.