Agrogema Agro ha perdido 50 mdp por culpa de FGR; ya logró amparos: Reyes Peralta

La empresa Agrogema Agro denunció pérdidas superiores a 50 millones de pesos y daños irreversibles en dos de sus helicópteros, presuntamente derivados del aseguramiento de sus aeronaves e instalaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en Veracruz, desde enero de 2026.

El abogado José Jorge Reyes Peralta informó este miércoles 4 de noviembre que la compañía obtuvo dos amparos federales contra el cateo y aseguramiento de sus bienes, los cuales, según explicó, ordenan dejar sin efecto la autorización de ingreso al inmueble y devolver las aeronaves, vehículos e instalaciones retenidas. La defensa sostiene que las pérdidas han afectado el patrimonio de la empresa dedicada a la fumigación agrícola, con sede en Medellín de Bravo.

Reyes Peralta precisó que, desde hace aproximadamente un mes y medio, las pérdidas económicas de Agrogema Agro ya superaban los 50 millones de pesos, cifra que podría incrementarse por el deterioro de las aeronaves durante su aseguramiento. “En este momento ya se echaron a perder dos helicópteros y es irreversible, es pérdida total de los helicópteros”, afirmó el litigante antes de ingresar a una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en Emiliano Zapata.

Representantes de la empresa acudieron este miércoles ante un juez de control federal, luego de que la FGR judicializó una carpeta de investigación en su contra por el presunto delito de uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, previsto en el artículo 172 Bis del Código Penal Federal.

Antes de la comparecencia, Reyes Peralta aseguró que la Jueza Sexta de Distrito en Veracruz concedió dos amparos a favor de la compañía. El primero, explicó, está relacionado con la orden de cateo ejecutada el 6 de enero de 2026, cuando agentes federales ingresaron a las instalaciones y aseguraron seis helicópteros, un avión y otros bienes.

De acuerdo con el abogado, la resolución ordena al juez que autorizó el cateo dejar sin efecto su determinación y emitir otra en la que niegue la solicitud presentada por la Fiscalía. El segundo amparo, añadió, corresponde al aseguramiento de las aeronaves, vehículos y el helipuerto, respecto de los cuales la juzgadora habría ordenado su devolución. “Acabamos de obtener dos amparos lisos y llanos que los concedió la Jueza Sexta de Distrito en el estado de Veracruz”, declaró.

El representante legal sostuvo que la resolución contra el cateo también podría dejar sin valor las pruebas obtenidas durante el operativo y las diligencias posteriores, al considerar que derivan de una actuación contraria a los derechos de la empresa. “Todas las pruebas que se generaron a partir del 6 de enero, de la orden de cateo a este día, no tienen ningún valor”, afirmó al invocar la doctrina jurídica conocida como los frutos del árbol envenenado.

Reyes Peralta también cuestionó que la Fiscalía haya decidido proceder penalmente contra la empresa, después de que, durante meses, aseguró, le negó el reconocimiento de su personalidad jurídica dentro de la investigación.

Afirmó que Agrogema Agro no enfrenta procedimientos administrativos relacionados con sus operaciones y sostuvo que tampoco existe un delito previo que permita sustentar la imputación. “No tiene la empresa Agrogema Agro ningún procedimiento administrativo abierto. No hay ningún delito previo”, expresó.

El abogado aseguró que acudieron a la audiencia para conocer los elementos con los que la FGR pretende formular la imputación y solicitar que el juez examine la legalidad de las actuaciones ministeriales.

El conflicto comenzó el 6 de enero, cuando autoridades federales catearon las instalaciones de Agrogema Agro en Medellín de Bravo y aseguraron seis helicópteros, un avión, una aeropista y diversos bienes utilizados para prestar servicios de fumigación agrícola, procediendo por el presunto uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo. Por estos hechos, el apoderado legal de la empresa, Omar Pérez Gómez, presentó denuncias contra el fiscal federal en Veracruz, Mauricio Alexandro Rosaldo García, y tres agentes del Ministerio Público por presunto abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia.

Las denuncias fueron interpuestas ante el Órgano Interno de Control y la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la FGR. Entre los funcionarios señalados se encuentran Carlos Manuel Pérez Solís y Andrea Jahel González Castillo. La compañía sostiene que las aeronaves y la aeropista cuentan con los permisos correspondientes y que entregó a las autoridades documentación sobre sus operaciones, clientes y estados financieros.