La contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, afirmó que gracias al trabajo preventivo que ha llevado a cabo esta dependencia en el combate a la corrupción se han sentado las bases para que las entidades gubernamentales operen de manera correcta, lo que ha generado que las observaciones hayan disminuido y que los recursos públicos se usen adecuadamente.
En entrevista para
alcalorpolitico.com y
TeleClic.tv, como parte del Quinto Informe de Labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, añadió que, a diferencia de los gobiernos anteriores, en los que no se actuaba contra los funcionarios corruptos, en este sexenio ellos saben que hay sanciones si hacen algo indebido.
“Ha ido variando del 2020 al 2022. Está por llegarnos la segunda entrega de resultados de la Cuenta Pública 2022. Hemos mejorado muchísimo porque los servidores públicos ya cuentan con mayores elementos y se les (advierte) que sí hay sanciones, a diferencia de 2005 a 2018, que pensaban que no iba a pasar nada (…) Pero actualmente los servidores nos cuidamos en el ejercicio del servicio público”, expresó.
Santoyo Domínguez recordó que, en 2016, las observaciones fueron por 16 mil millones de pesos, mientras que en 2020 éstas fueron únicamente por 157 millones de pesos y en 2022, aseveró, “prácticamente” no hay señalamientos por uso indebido de los recursos públicos.
Detalló que una de éstas es contra la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), aunque aclaró que se debe a documentación o cláusulas “muy cerradas” en algunos contratos que impidieron que la ejecución del dinero pudiese cumplirse en el tiempo estipulado.
Asimismo, describió que en 2021 y 2022 presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por observaciones que no fueron solventadas por los servidores públicos de administraciones pasadas y que suman alrededor de 8 mil millones de pesos.
En la entrevista, la titular de la CGE afirmó que, con estas acciones legales y pruebas, la instancia ministerial pudo llevar a cabo las investigaciones y ordenar 7 órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables.
“Nosotros interpusimos más de 150 denuncias contra funcionarios de administraciones anteriores (…) Hay delitos que no prescriben. Estos 8 mil mdp que fueron todas las denuncias provienen del 2005 al 2018”, expuso al añadir que la FGR les ha seguido solicitando información, misma que han proporcionado, por lo que no descarta que sigan deteniendo a exservidores.
Expuso que en el 2023 llevaron a cabo mesas con los titulares de los órganos internos de control de diferentes dependencias, donde se pudieron aplicar casos concretos que ayudaran a trabajar en el combate a la corrupción.
“Gracias a estas acciones consolidadas no nada más cambiamos el futuro de las investigaciones en Veracruz, sino que abona a otras entidades federativas, que es lo que lo que tenemos que hacer: consolidarnos como País”, destacó.
Con relación a las declaraciones patrimoniales, comentó que éstas abonan a la transparencia, aunque cuestionó la importancia que la Federación aclare el alcance de su presentación.
No obstante, aseguró que hay herramientas que permiten identificar si un funcionario está tomando recursos públicos al comparar el avance de su patrimonio de un año a otro.
“Falta alrededor de un 10 por ciento (de funcionarios por presentar su declaración), los hemos estado invitando. Hay otros estados que tienen un 30 por ciento, la misma Federación. Tenemos que seguir revisando por qué”, precisó al destacar que este año implementaron el acuse digital de la presentación, lo que les permitió ahorrar 3 toneladas de papel, el tóner de imprimirlas y los gastos de movilización a la CGE.
Mercedes Santoyo adelantó que también quieren hacer que la entrega-recepción también sea de manera digital, aunque esta modalidad deberá ser avalado por el Congreso del Estado, pero que de concretarse ayudaría al ahorro de papel, renta de mobiliario e inmuebles y contribuiría a hacer más eficientes estos procesos.
Finalmente, aseveró que para el 2024 seguirán ayudando a los titulares de las dependencias estatales a cerrar bien sus cuentas, creando manuales para que haya un trabajo continuado que ayude a que la operatividad de las secretarías se mantenga en el traspaso del poder a finales del próximo año.