Ahued deja más dudas que certezas en combate a la corrupción en el Registro Público

Aunque el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, aseguró que la administración estatal actúa con firmeza contra las redes de corrupción vinculadas al llamado "cártel inmobiliario", sus respuestas dejan una serie de vacíos que mantienen la incertidumbre entre ciudadanos que temen perder sus terrenos, casas o propiedades.

Durante sus declaraciones en conferencia de prensa, Ricardo Ahued afirmó que se han tomado medidas, que existen procesos en curso y que incluso ya se cesaron a 2 notarías. Sin embargo, no precisó cuáles fueron esas notarías, en qué municipios operaban, ni cuáles fueron las causas concretas de su cese. La falta de nombres y detalles impide conocer el alcance real de estas acciones y si se trata de casos aislados o de una red más amplia.



Otro punto que quedó sin claridad es si se investigará directamente a la encargada del Registro Público de la Propiedad en Xalapa, Yolanda Aideé Tovar Vadillo. Aunque el Secretario habló de revisiones, irregularidades históricas y prácticas indebidas, en ningún momento confirmó si existe una investigación formal contra la titular del área, ni si se analiza su posible responsabilidad administrativa o penal, esto, cuando durante su historial en el servicio público ha sido señalada de irregularidades en los municipios de Acayucan y San Andrés Tuxtla.

Tampoco quedó claro si se indaga la posible participación del juez Leopoldo Toss Capistrán, hermano del director de Política Regional del Gobierno estatal. El nombre del Juez ha sido mencionado en diversas denuncias públicas por firmar desalojos, pero el Secretario evitó confirmar si existe una línea de investigación en su contra o en contra de otros jueces que también han sido denunciados por situaciones similares o si serán llamados a rendir cuentas.

En el caso del despojo ocurrido en la zona de Las Ánimas, donde finalmente la propiedad fue devuelta, Ahued reconoció que el daño existió, pero no señaló responsables. No se informó si hubo sanciones, denuncias o procedimientos contra quienes autorizaron, registraron o ejecutaron el despojo. El mensaje que queda es que, aunque el bien regresó a su dueño, no hay consecuencias visibles para quienes participaron en el abuso.

En el Registro Público de la Propiedad, el escenario es similar. Pese a las denuncias, señalamientos y al reconocimiento de prácticas irregulares, no se ha informado del cese del titular estatal del área ni de la encargada del Registro en Xalapa, al menos mientras se realizan las investigaciones. No se ha confirmado tampoco si existen procedimientos administrativos abiertos contra ellos, lo que alimenta la percepción de impunidad.

Ignoran cantidad del dinero sucio

Uno de los puntos más delicados es el manejo del recurso económico que se cobra a notarios y usuarios, y que el mismo Secretario reconoció que no ingresa a nómina ni a esquemas oficiales. Ahued confirmó que ese dinero se utiliza para pagar a los llamados meritorios, trabajadores que operan desde hace décadas sin contratación formal. No obstante, aceptó que existe ese ingreso, pero no explicó si hay un excedente que, según los empleados, podría ascender a 400 mil pesos mensuales o más. Inclusive, dijo textualmente: “Pueden ser 200, 300, 400 mil, pero no hay constancia de que nosotros tengamos la información”.

Sobre ese supuesto excedente no hubo respuestas claras. No se precisó a dónde va ese dinero, quién lo administra, a quién se reporta, ni bajo qué mecanismo se supervisa su uso. Tampoco se informó si existe una auditoría, una cuenta específica o una trazabilidad que permita saber si esos recursos públicos o semipúblicos terminan en manos privadas.

Estas omisiones resultan especialmente graves en un contexto donde cientos de ciudadanos viven con el temor constante de perder su patrimonio. Para muchas familias, el problema no es sólo jurídico, sino emocional y económico: la posibilidad de que, mediante un trámite irregular, una firma indebida o un registro manipulado, les quiten lo que construyeron durante años.

Los casos son diversos, en Xalapa, Coatepec, Perote, Veracruz, Naolinco. Y si bien el Secretario de Gobierno ha reiterado que “la fiesta se acabó” y que se actuará conforme a la Ley, la falta de nombres, responsabilidades claras y sanciones visibles mantiene abiertas las dudas. La sociedad no sólo espera discursos firmes, sino certezas: saber quiénes participaron, quiénes permitieron, quiénes se beneficiaron y qué consecuencias enfrentarán.

Mientras esas respuestas no lleguen, el "cártel inmobiliario" seguirá siendo, para muchos veracruzanos, una amenaza latente más que un problema realmente desmantelado.