Al menos 107 ayuntamientos han ratificado reforma para designar a titular de la FGE

Este miércoles sesiona el Pleno de Diputados para conocer que, al menos, 107 ayuntamientos han ratificado la reformas a la constitución Política de Veracruz que devuelve a la persona titular del Poder Ejecutivo nombrar y remover a la fiscal o fiscal general del estado.

La sesión fue convocada para las 5 de la tarde, después de la comparecencia de la gobernadora Norma Rocío Nahle García.

El orden del día contempla 22 puntos, de los cuales destaca el punto 15 que corresponde al informe de la Secretaría General del Congreso del Estado respecto de la votación emitida por los Ayuntamientos sobre el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Una vez que se conozca el aval de los ayuntamientos, la Mesa Directiva del Congreso local hará la declaratoria de validez y turnará el Decreto al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en la Gaceta oficia del Estado.

El miércoles de la semana pasada el decreto fue turnado a los 212 Ayuntamientos para su ratificación.

Las reformas otorgan a la gobernadora Rocío Nahle la atribución de nombrar y remover al o la Fiscal General del Estado. Además, se reduce de nueve a cuatro años la duración del cargo, con posibilidad de ser ratificado por un segundo periodo.

Para ser titular de la FGE se requiere:

Tener ciudadanía mexicana por nacimiento, en pleno ejercicio de derechos, sin otra nacionalidad; Tener al menos treinta años cumplidos al momento de la designación: Poseer título de licenciatura en Derecho, con una antigüedad mínima de cinco años, expedido por institución legalmente facultada; y no tener condena por delito que amerite pena corporal mayor a un año; en casos de robo, fraude, falsificación o abuso de confianza, la inhabilitación aplica sin importar la pena.

Además de no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de culto, salvo separación conforme a la Constitución Federal; y someterse y acreditar, en los términos de la ley, las evaluaciones y certificaciones de control y confianza.