Alcalde de Altotonga, el que más sanciones tiene por violencia política a mujeres

Hasta el momento, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) tiene inscritos a 5 alcaldes y un particular en el Registro Local de Personas Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, de los cuales, el más recurrente es Ernesto Ruiz Flandes, presidente municipal de Altotonga, quien acumula seis sanciones.

Le sigue Javier Castillo Viveros, alcalde de Alto Lucero, con dos sanciones; y con una sanción están Lázaro Avendaño Parrilla, alcalde de Chinampa de Gorostiza; Joaquín Fortino Cocotle Damián, alcalde de Coetzala, quien suple a Gerardo Tirso Acahua Apale, munícipe fallecido por COVID-19; y Hermas Cortés García, alcalde de Lerdo de Tejada.

El particular sancionado es José Lorrimer Nelson Álvarez Peña, director del medio de comunicación “Diario de Acayucan La Voz de la Gente” y/o “Infosur SA de CV”.



Además, hay inscripciones pendientes de personas sancionadas sujetas a validación, esto en razón de que se está a la espera de respuestas a consultas realizadas autoridades jurisdiccionales a efecto de que precisen elementos e información para realizar la inscripción correspondiente, específicamente los relativos a la vigencia, gravedad y permanencia en el Registro.

Los cinco Alcaldes y el particular también están inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género(RNPS) del Instituto Nacional Electoral (INE) y en conjunto acumulan 11 sanciones.



En el RNPS, el alcalde de Altotonga, Ernesto Ruiz Flandes, acumula siete sanciones y los demás una cada uno.

Ruiz Blandes ha incurrido en reiteradas acciones que se han calificado de violencia política en razón de género en contra de María Elena Baltazar Pablo, regidora quinta del Ayuntamiento de Altotonga.

La Regidora lo ha denunciado por actos omisos para convocarla a sesiones de Cabildo, descuentos y retenciones de su salario y obstaculización para ejercer encargo y a su derecho al acceso a la información.



Además, se ha dado vista a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que en uso de sus facultades y atribuciones ordene, a quien corresponda, iniciar de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa con relación a los hechos reclamados por la promovente y, en su momento, determine lo que en derecho corresponda.