Alcalde de San Rafael, Gil Méndez, protege a feminicida de Morelos, acusan feministas

La organización “Colectiva Resistencia Feminista Yautepec” señaló públicamente al presidente municipal de San Rafael, Gil Armando Méndez Grappin, de presuntamente brindar protección y refugio al hombre señalado como probable responsable del feminicidio de Andrea Maylin Chino Ramos, ocurrido en el estado de Morelos.

La denuncia fue difundida a través de las redes sociales oficiales de la agrupación feminista, que desde hace un año ha acompañado la exigencia de justicia por el caso de la joven, quien fue reportada como desaparecida el 20 de junio de 2025. Posteriormente, su cuerpo fue localizado el 31 de julio de ese mismo año.

De acuerdo con lo expuesto por la colectiva, el principal sospechoso del crimen, identificado por las autoridades como Ricardo “N”, habría contado con el respaldo de familiares y personas con influencia para evitar su captura durante los primeros meses de la investigación. Las activistas aseguraron que familiares del imputado habrían utilizado relaciones dentro de instancias de procuración de justicia para retrasar o frenar acciones legales en su contra, entre ellas las primeras órdenes de aprehensión que se habrían emitido en el caso.

Asimismo, sostuvieron que el actual Alcalde de San Rafael habría intervenido para resguardar tanto al presunto agresor como a sus padres en territorio veracruzano, argumentando que existe un vínculo familiar entre el edil y la madre del señalado.

En la publicación compartida por la organización feminista se expuso el siguiente mensaje: “Denunciamos públicamente a funcionarios que usaron su poder para ocultar a un asesino. Tal es el caso de Gil Armando Méndez Grappin, presidente municipal de #SanRafael, #Veracruz, quien siendo familiar de la madre de Ricardo, los estuvo escondiendo y amparando todo este tiempo en dicha localidad”.

La colectiva cuestionó que un servidor público pueda utilizar su posición para favorecer a una persona señalada por un delito de esta naturaleza, al tiempo que reprochó la actuación de distintas autoridades durante el desarrollo de las investigaciones.

Las integrantes de la organización también denunciaron supuestas irregularidades en las primeras etapas de la indagatoria. Entre los señalamientos realizados, afirmaron que existieron omisiones procesales y posibles alteraciones en el área donde fue localizado el cuerpo de la víctima. Además, acusaron que las instituciones gubernamentales, en lugar de garantizar la seguridad y protección de las mujeres, terminan favoreciendo la evasión de la justicia por parte de personas señaladas por delitos graves.