Ciudadanos de Altotonga acusaron al alcalde Juan Pablo Becerra Hernández de intervenir en el proceso para elegir agentes y subagentes municipales, luego de que el Ayuntamiento aprobara una convocatoria que, en un primer momento, reducía de 68 a 25 el número de agencias y subagencias en el municipio.
De acuerdo con los inconformes, la medida implicaba la eliminación de 43 representaciones comunitarias, lo que, sostuvieron, afectaba la participación y el vínculo institucional de distintas localidades con las autoridades municipales y con otros órdenes de gobierno.
En entrevista en el Congreso del Estado, el abogado Emanuel Andrade Bello explicó que fue en febrero cuando el Cabildo avaló la convocatoria para la próxima elección de agentes y subagentes municipales en Veracruz, incorporando esa reducción. Según expuso, la decisión generó inconformidad entre agentes municipales y habitantes, quienes solicitaron al Alcalde una explicación jurídica sobre el cambio.
Sin embargo, señaló que la respuesta oficial fue que la modificación obedecía a una disposición del Congreso del Estado, argumento que los ciudadanos rechazaron. Andrade Bello sostuvo que esa justificación fue “falsa” y afirmó que no existía una determinación legislativa que obligara al Ayuntamiento a desaparecer esas representaciones comunitarias.
Refirió que, ante esa situación, pobladores de Altotonga realizaron una manifestación pacífica en el Palacio Municipal para exigir que se restituyeran las agencias y subagencias eliminadas y este jueves acudieron al Congreso para exigir orden. Tras la protesta, dijo el abogado, las autoridades emitieron una nueva convocatoria en la que reincorporaron las 43 representaciones que habían sido retiradas en el primer documento.
No obstante, el conflicto no quedó resuelto. Andrade Bello advirtió que, aun cuando el Ayuntamiento dio marcha atrás en la reducción numérica, los ediles acordaron modificar la denominación de todas las agencias para convertirlas en subagencias municipales, sin conservar la clasificación original que corresponde a cada comunidad. A decir de los inconformes, esa determinación también carece de sustento legal, debido a que el Ayuntamiento no agotó el procedimiento previsto ni consultó a las comunidades afectadas antes de cambiar el estatus de sus representaciones auxiliares.
El litigante sostuvo que esa decisión no es menor, pues agentes y subagentes municipales cumplen una función de enlace entre la población y las autoridades de los tres niveles de gobierno, por lo que alterar su denominación incide en la representación política y administrativa de las localidades.
Los habitantes, agregó, consideran que el Ayuntamiento ha intentado modificar de manera unilateral una estructura comunitaria que forma parte de la organización política interna del municipio. Por ello, mantuvieron su inconformidad y advirtieron que permanecerán atentos al desarrollo del proceso electivo. Andrade Bello señaló que, si las autoridades municipales no respetan los derechos de las comunidades ni restituyen plenamente la clasificación original de las agencias y subagencias, recurrirán a las instancias jurisdiccionales en materia electoral.