Alcaldes no van a prisión pese a desvíos millonarios, ¿hay “arreglos” con Fiscalía Anticorrupción?

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción debe esclarecer cómo se resuelven los casos de daño patrimonial en los que funcionarios y exfuncionarios estatales y municipales buscan reparar los recursos observados para evitar la prisión, planteó el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández, al cuestionar la falta de sanciones contra servidores públicos señalados por irregularidades financieras.

El Legislador puso en duda la forma en que se han atendido las investigaciones por desvío de recursos y exigió resultados a las instituciones encargadas de fiscalizar el gasto público. Recordó el caso de una exalcaldesa que, durante una administración iniciada en 2018, enfrentó observaciones por 36 millones de pesos y presuntamente buscó un arreglo para evitar consecuencias penales: “Me tocó ver una Alcaldesa que gobernó en el 2018. También hubo 36 millones de pesos de desvío de recursos. Andaba vendiendo sus propiedades para ver con quién se arreglaba y no fue a la cárcel”, relató.

Bautista Hernández cuestionó si existen acuerdos al margen de los procedimientos legales y consideró necesario esclarecer la actuación de las autoridades responsables de investigar y sancionar los hechos. “¿Con quién se arreglan? Y la Fiscalía, ¿con quién se arregla? ¿Por qué debe haber un arreglo?”, expresó durante una entrevista con medios de comunicación.

El Presidente de la JUCOPO sostuvo que la Fiscalía Anticorrupción debe justificar su funcionamiento mediante resultados y no limitarse a mantener expedientes abiertos sin consecuencias para los involucrados.
Afirmó que el problema no se limita a las investigaciones, sino también a las revisiones practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), cuya actuación cuestionó ante la persistencia de observaciones millonarias en las administraciones municipales.

Cuentas Públicas 2025

Bautista Hernández informó que las cuentas públicas 2025 municipales acumulan observaciones por casi 2 mil 900 millones de pesos y advirtió que la aprobación de los informes financieros por parte del Congreso no significa que los funcionarios involucrados queden libres de responsabilidad. “El hecho de que se apruebe la Cuenta Pública no quiere decir que estén salvos. Nosotros la aprobamos. Quien tiene que proceder es el órgano de fiscalización”, puntualizó.

Entre los ayuntamientos con observaciones mencionó a Santiago Tuxtla, con 86 millones 469 mil pesos; Ixhuatlán de Madero, con 70 millones 225 mil; Coscomatepec, con 69 millones 280 mil; Catemaco, con 64 millones 713 mil, y Acayucan, con 63 millones 139 mil pesos. También citó a Agua Dulce, con 60 millones 213 mil pesos; Ixhuatlán del Café, con 56 millones 952 mil; Jalacingo, con 50 millones 417 mil; Isla, con 49 millones, y Omealca, con 47 millones 292 mil pesos.

El legislador precisó que las observaciones corresponden a municipios gobernados por distintas fuerzas políticas, por lo que rechazó que la militancia de los funcionarios deba influir en las investigaciones. “Aquí están incluidos todos los partidos políticos que incurrieron en esta responsabilidad”, manifestó.

Reveló que los integrantes de la JUCOPO han discutido la necesidad de respaldar al ORFIS para que las observaciones no se limiten a señalamientos públicos y se traduzcan en procedimientos de recuperación de recursos y, cuando corresponda, denuncias penales. “Que esto no se quede en el vacío, no se quede en los medios, no se quede en el discurso”, expresó.

Bautista Hernández denunció que un ayuntamiento utilizó presuntamente recursos públicos para financiar actividades de campaña electoral, mediante pagos de lonas, eventos y materiales que fueron reportados como gastos municipales.

Explicó que, entre las operaciones detectadas, figuran erogaciones justificadas como apoyos a población vulnerable, aunque los materiales habrían sido distribuidos durante actividades proselitistas. Señaló que se solicitaron evidencias fotográficas para comprobar el destino de los recursos. El Diputado evitó identificar al municipio y a los funcionarios involucrados, pero adelantó que dará a conocer información sobre las irregularidades y buscará que se determinen responsabilidades.

En otro caso, recordó que presentó una denuncia por presuntos desvíos de 18 millones de pesos en obras ejecutadas durante la administración estatal anterior en comunidades de su región. Según relató, el ORFIS descartó inicialmente la existencia de daño patrimonial porque la auditoría se había realizado sobre una muestra de las obras. Sin embargo, tras sus cuestionamientos, personal del organismo regresó a verificar físicamente los trabajos.

Entre las anomalías mencionó una obra reportada por aproximadamente un millón y medio de pesos, así como la colocación de geomalla con un costo declarado de 2 millones 800 mil pesos. También señaló diferencias entre las cantidades de materiales de construcción reportadas y las utilizadas. “No voy a quitar el dedo del renglón hasta que se aplique la ley, porque es recurso público”, aseguró.