Alcaldes no volverán a engañar al Congreso para vender bienes, asegura Esteban Bautista

El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Esteban Bautista Hernández, advirtió que no se permitirá que los ayuntamientos vuelvan a engañar al Congreso del Estado para vender bienes municipales, como lo hizo con vehículos la pasada administración de Mixtla de Altamirano encabezada por Norma Estela Hernández Sánchez, quien ahora deberá ser denunciada por la nueva Alcaldía.

"Alcalde que pida deshacerse de sus bienes, nosotros vamos a mandar un perito del Congreso que va a ir a validar en físico lo que se está vendiendo y ya sabremos si lo aprobamos. Además de Mixtla de Altamirano, hubo otro alcalde que, faltando ocho días para irse, ya quería vender un lote de carros y le dijimos que no. En el caso de Mixtla tenía meses que había solicitado y le dieron entrada en tiempo y forma, pero lo que hicieron nos lastimó mucho".

Cabe recordar que Hernández Sánchez envió un reporte al Congreso local avalado por un Notario, el cual indicaba que parte del parque vehicular municipal estaba inservible, y por ello solicitaba la autorización para venderlo. Sin embargo, después se conoció por denuncias ciudadanas que varios de los automotores vendidos a precios de remate funcionaban correctamente.



Bautista Hernández señaló que corresponde a la actual administración municipal presentar la denuncia penal, pues de lo contrario se convertiría en cómplice. Agregó que las pasadas autoridades cuentan con un plazo legal para responder por todas las anomalías detectadas en el proceso de entrega-recepción.

El legislador añadió que la venta de vehículos en buen estado, realizada por la exalcaldesa de Mixtla de Altamirano, es un acto “vergonzoso y deshonroso” en el que debe aplicarse la ley; además, se tiene conocimiento de que algunos de los automotores son utilizados por familiares de la pasada Alcaldía.

Insistió en que si la actual presidenta municipal, Celia García Rodríguez, no ha interpuesto la denuncia, incurriría en complicidad. Asimismo, advirtió que el Notario que avaló que los autos, motocicletas y retroexcavadoras estaban inservibles corre el riesgo de enfrentar consecuencias penales y ser inhabilitado.



Bautista Hernández explicó que la situación sienta un precedente importante para el Congreso del Estado. Detalló que, aunque existe una comisión que valida la venta de vehículos, los dictámenes se realizaban desde la oficina, lo que permitió que la exalcaldesa engañara a los diputados que aprobaron la venta.

"La Presidenta que salió mandó un reporte fotográfico y ahí también el notario que dio vista a esa propuesta incurrió en un delito que le puede costar su cédula profesional, porque el reporte que mandó no corresponde al estado físico de las unidades que vendió. La comisión que dictamina con base en este aval notarial pues dijo: 'si este vehículo ya no sirve o es un carro siniestrado, se puede vender'. Nosotros, como JUCOPO, pasamos el acuerdo y todos votamos porque venía notariado, bien soportado con reporte fotográfico".

Dentro de los automotores vendidos destaca un vehículo año 2023 con un costo original de un millón 250 mil pesos, el cual fue comercializado en un paquete por 60 mil pesos; además de una retroexcavadora valuada en 2 millones de pesos que se vendió en 120 mil pesos.



Eviden conflictos, pide a ediles

Por otra partem Bautista Hernández llamó a alcaldes, síndicos y regidores de Veracruz a privilegiar el diálogo y la conciliación para evitar conflictos internos que afecten la gobernabilidad en los municipios. Indicó que el Congreso trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Gobierno de Veracruz, encabezada por Ricardo Ahued Bardahuil, para atender disputas políticas o administrativas entre autoridades municipales.

El legislador advirtió que cuando las confrontaciones escalan y afectan el funcionamiento del ayuntamiento, el Congreso puede intervenir e incluso declarar la desaparición de poderes y nombrar un concejo municipal. Recordó que ya intervino en Vega de Alatorre, donde el personal estuvo un mes sin salario por los problemas que se dieron entre las autoridades, pero se logró un acuerdo.



Al tocar el tema del problema que persiste en el municipio de Atzacan, en donde se han dado problemas entre el alcalde Raymundo Israel Solano y la síndica, que ya presentó una denuncia por violencia de género, señaló que la gente no votó para que sus autoridades se estén peleando, sino para que se atiendan las necesidades. Agregó que cuando los conflictos van a más y afectan el funcionamiento del ayuntamiento, el Congreso puede intervenir y también declarar la desaparición de poder para que el poder quede en manos de un Concejo. Además, expuso que las autoridades involucradas pueden recibir sanciones administrativas o ser inhabilitadas, por lo que los invitó a privilegiar el diálogo.