Alcaldesa de Rafael Delgado cometió violencia política

Por recurrencia en el delito de violencia política en contra de Julián Cotlami Cocotle, síndico del Ayuntamiento de Rafael Delgado, quien es un adulto mayor, la alcaldesa y el regidor primero, Isidora Antonio Ramos y Adrián Hernández Sánchez, respectivamente, serán reportados al Organismo Público Local Electoral (OPLE) para su conocimiento y para el caso de que ambos servidores públicos pretendan contender para el siguiente proceso electoral.

Durante la sesión virtual de este jueves, los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) consideraron que la Alcaldesa y el Regidor Primero del Ayuntamiento de Rafael Delgado han perdido la presunción de contar con un modo honesto de vivir al persistir su conducta de violencia política.

La Alcaldesa y el Regidor Primero no han acatado tres sentencias en las que se les ordena pagar las remuneraciones al Síndico, mismas que le fueron suspendidas desde enero del 2019.



A pesar de que a ambos servidores públicos al igual que al secretario y tesorero del Ayuntamiento se les han impuestos diversas multas de 2 mil 172 pesos, 4 mil 344 pesos y 8 mil 688 pesos y que se ha dado vista al OPLE y la Fiscalía General del Estado (FGE), siguen violentando los derechos humanos del Síndico al no pagar su salario ni convocarlo a sesiones de Cabildo.

La magistrada ponente, Claudia Díaz Tablada, dijo que el caso del Síndico, por ser un adulto mayor y pertenecer a un grupo vulnerable, se analizó con perspectiva de derechos humanos, toda vez que al no tener acceso a su salario se violenta su derecho a la subsistencia alimentaria y al de salud, así como sus derechos político electorales.

Así también, durante la sesión virtual del TEV se confirmaron las respuestas que ha emitido la Dirección Jurídica del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en el sentido de que los actuales ediles si pueden buscar, en el proceso comicial 2021, un cargo diferente al que hoy ostentan.



Los Magistrados resolvieron los Recursos de Apelación presentados por los representantes de los partidos políticos locales Cardenista y Podemos en contra de la respuesta emitida por la autoridad electoral.

Los agravios formulados por los quejosos fueron considerados infundados, toda vez que los acuerdos impugnados (respuestas) no adolecen de una fundamentación, toda vez que se precisaron los preceptos constitucionales legales y reglamentarios aplicables.

La autoridad electoral señaló las circunstancias y razones que estimó necesarias para emitir los acuerdos, es decir, expresó razonamientos lógico-jurídicos para emitir las respuestas.