El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) resolvió que el Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán deberá proporcionar a un grupo de regidores información detallada sobre las obras públicas ejecutadas durante la actual administración municipal.
En sesión del pasado 16 de mayo, el pleno del Tribunal, integrado por las magistradas Claudia Díaz Tablada, Tania Celina Vásquez Muñoz y el magistrado Gilberto Salazar Ceballos, resolvió por unanimidad el expediente TEV-JDC-127/2025, promovido por el regidor tercero, Óscar Miguel Maciel Dorantes, en el que se denunció la falta de respuesta por parte del área de Obras Públicas ante diversas solicitudes de información oficial.
La resolución establece un plazo máximo de 10 días hábiles para que el Ayuntamiento entregue documentación que incluya contratos, bases de licitación, reportes técnicos y fotográficos, avances físicos, así como detalles sobre la calidad de materiales empleados en cada obra realizada. El Tribunal consideró que la omisión por parte del entonces director de Obras Públicas constituyó una violación al derecho de petición del regidor promovente, además de limitar sus atribuciones de fiscalización, previstas en la Ley Orgánica del municipio Libre del Estado de Veracruz.
Este fallo tiene implicaciones importantes, ya que permitirá una revisión más rigurosa de las inversiones municipales en infraestructura, especialmente en un contexto donde se han señalado posibles irregularidades. De acuerdo con los regidores promoventes, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) detectó un posible daño patrimonial por 73 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2023, además de que existen elementos que podrían apuntar a nuevas inconsistencias en 2024.
Los integrantes del Cabildo que impulsaron el juicio consideraron la resolución como un paso importante hacia la transparencia gubernamental y el fortalecimiento del papel fiscalizador de los órganos colegiados en el ámbito municipal. La sentencia también advierte que el incumplimiento de lo ordenado podría derivar en sanciones para los funcionarios responsables, entre ellas multas e incluso su inclusión en el Catálogo de Sujetos Infractores del TEV. Asimismo, en caso de negativa a recibir la documentación, se deberá levantar un acta certificada que documente la situación.