Alertan por incremento de casos de VIH-SIDA en población indígena del Estado

La representante del Grupo Multisectorial en ITS y VIH/SIDA del Estado, Patricia Ponce Jiménez, señaló que la epidemia del VIH-SIDA está tomando fuerza en zonas rurales del estado, sin embargo no existe un marco legal para atender este problema.

Mencionó que por esta razón están trabajando con el Congreso del Estado y el sector Salud para reformar y actualizar la ley para enfrentar la epidemia del VIH-SIDA en el estado, armonizándola con la nueva Norma Oficial Mexicana 010 que cubre este tema.

Entre otros puntos alertó que la epidemia en el ámbito rural e indígena de la entidad tiene repuntes importantes de pacientes con esta enfermedad, la cual afecta principalmente a migrantes, jornaleros e integrantes de comunidades indígenas.



Expuso que el estado carece de registros en torno a este tema y en consecuencia también de políticas públicas para atenderlo.

“Es una población vulnerable porque en este proceso migratorio que existe en las comunidades, pone a las mujeres en una situación de riesgo. En Chiapas se hizo una investigación en la zona de los altos y se detectó que el 80 por ciento de las personas que se atienden en un Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) son indígenas.

“Allá hay personas que al menos desde hace 12 años viven con VIH y una generación de niños huérfanos o con la enfermedad; todos son migrantes a la construcción en Playa del Carmen, Quintana Roo”, indicó Ponce Jiménez.



Consideró que en la entidad veracruzana podría haber situaciones similares que necesitan investigarse, pues hay referencias de que en comunidades de Papantla y Zongolica también hay generaciones de niños con la enfermedad.

“Detectamos que en algunos CAPASITS, en el caso concreto de Coatzacoalcos, los pacientes llegan de zonas rurales indígenas”, observó.

En cuanto a los pendientes de la Ley Estatal, comentó que se basa en un protocolo de la Norma Oficial elaborado en 2011, sin embargo fue actualizado a nivel federal en 2018, de ahí que se requiere renovar en la entidad.



Resaltó que también es necesario generar un lenguaje inclusivo, frenar la violencia obstétrica con mujeres enfermas con VIH, entre otros aspectos en los que fue rebasada.