El Poder Judicial de Veracruz lanzará en el mes de la convocatoria nacional para constituir la Asociación Pública Privada que llevará cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento en 17 Ciudades Judiciales.
Al señalar lo anterior, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Edel Álvarez Peña, aseguró que se dará prioridad a empresas veracruzanas, toda vez que se generará un número importante de empleos.
Entrevistado en la ceremonia de incineración de la Bandera Nacional asignada al Poder Judicial, estimó que el proceso de licitación concluya a finales de noviembre para que de inmediato inicien las obras.
Dijo que esas obras son prioritarias debido a que muchos Juzgados de la entidad operan en condiciones precarias.
Las ciudades judiciales están ubicadas en los municipios de Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica, Acayucan, Huatusco, Misantla, Papantla, Tantoyuca, Huayacocotla, Chicontepec, Ozuluama, Zongolica, Minatitlán, Martínez de la Torre, Tuxpan, Boca del Río y Tierra Blanca.
Esas Ciudades Judiciales consisten en uno o varios edificios destinados a oficinas e instalaciones para operar como centros de impartición de justicia, y contarán con juzgados, salas de juicios orales, centros de mediación y de convivencia familiar, central de actuarios, oficialía de partes común, defensoría de oficio, auditorios, estancias infantiles y administración general.
Para ello se considera una inversión de 3 mil 965 millones 173 mil 500 pesos, más impuesto al Valor agregado.
El monto mensual de las obligaciones en las que se podrá incurrir con motivo de los contratos de asociación público-privada, considerados en su conjunto, ascenderá a la cantidad de hasta 13 millones 217 mil 245 pesos, más IVA.
Mismos que incluyen el componente de inversión pública productiva (valores reales a actualizarse conforme a la inflación).
Lo anterior, sin perjuicio de que el Poder Judicial podrá licitar los contratos de asociación público-privada de manera conjunta o separada, asignando a cada contrato el monto que le corresponda.
El plazo máximo autorizado para cada uno de los contratos de asociación público-privada será de hasta 300 meses contados a partir de la fecha de conclusión de las obras del contrato respectivo.
Con ello, el Poder Judicial de Veracruz en colaboración con el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación, gestionará, negociará y suscribará los contratos y demás documentos necesarios para instrumentar, para cada contrato de asociación público privada que el Poder Judicial celebre al amparo del artículo precedente.