Alud de señalamientos de corrupción en trámites vehiculares, pero sólo un sancionado

Los trámites vehiculares en Veracruz han sido objeto de señalamientos de corrupción, denuncias por la intervención de gestores y procedimientos administrativos contra servidores públicos.

Entre las sanciones registradas en la Plataforma Digital Anticorrupción figura la inhabilitación por 10 años de un trabajador de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), por realizar movimientos irregulares y dar de baja vehículos sin la documentación correspondiente.

Se trata de Alfredo Lannoy Lara, quien se desempeñaba como oficial administrativo de la dependencia y recibió una multa de 19 mil 32 pesos, además de la prohibición de ocupar cargos públicos durante una década, tras un procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado en 2022, durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.



De acuerdo con el registro de sanciones, la Sala Regional Unitaria Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) determinó su responsabilidad por una falta administrativa grave y emitió la resolución el 12 de julio de 2024, dentro del expediente PRA 61/2022/SRC-IX.

La sanción quedó asentada en la Plataforma Digital Anticorrupción, cuya ficha fue actualizada el 29 de abril de 2026. El periodo de inhabilitación comenzó el 3 de octubre de 2024 y concluirá el 3 de octubre de 2034.

En el apartado correspondiente a los hechos, el registro establece que la responsabilidad administrativa derivó de “realizar trámites vehiculares irregulares y bajas sin documentación correspondiente”.



El procedimiento se remonta a 2022, cuando Veracruz era gobernado por la Cuarta Transformación (4T). La Gaceta Oficial del Estado del 22 de febrero de 2023 incluyó el expediente PRA/61/2022/3a-I entre los asuntos provenientes del anterior Tribunal Estatal de Justicia Administrativa que fueron asignados a la Sala Regional Unitaria Centro del TRIJAEV.

La irregularidad corresponde a los mecanismos de control vehicular de la SEFIPLAN, dependencia encargada de administrar el padrón de automóviles registrados en la entidad y verificar los documentos requeridos para efectuar altas, bajas y otros movimientos.

Sin embargo, la información disponible no precisa cuántos vehículos estuvieron involucrados, qué documentos faltaban ni si los movimientos ocasionaron daños económicos a las finanzas estatales. Tampoco se cuenta con la sentencia íntegra para conocer los elementos considerados por el Tribunal al imponer la multa y los 10 años de inhabilitación.



SEFIPLAN reconoció irregularidades

Los señalamientos sobre los servicios vehiculares continuaron durante la actual administración estatal. En marzo de 2026, el secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes Hernández, reconoció que se habían detectado redes de gestores presuntamente vinculadas con trabajadores de oficinas de Hacienda.

El funcionario informó que la dependencia presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por irregularidades relacionadas con la venta y el apartado de turnos para realizar trámites vehiculares en municipios como Xalapa, Boca del Río y Córdoba.



“En Córdoba teníamos una red de gente interna vinculada con los gestores”, declaró Reyes Hernández al explicar las acciones emprendidas por la Secretaría.

De acuerdo con las denuncias difundidas entonces, los intermediarios cobraban entre 100 y 500 pesos por facilitar turnos de atención a los contribuyentes. La SEFIPLAN también informó sobre procedimientos administrativos, cambios de adscripción de trabajadores y retiro de personal no basificado.

Como parte de las medidas anunciadas para reducir la intervención de gestores, la dependencia impulsó la sustitución de fichas físicas por mecanismos electrónicos de asignación de turnos y la ampliación de servicios en línea.



Aunque las denuncias de 2026 son posteriores a la sanción contra Lannoy Lara, ambos antecedentes corresponden a irregularidades detectadas en los servicios de control vehicular durante las últimas administraciones.

Hasta ahora no existe información pública que vincule al trabajador inhabilitado con las redes de gestores denunciadas este año ni que permita establecer que ambos casos formen parte de una misma investigación.