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Semana de la Ciencia
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Sección: Estado de Veracruz

Año y medio después, Magistrado de Veracruz recupera su cargo

- Tras lucha legal, Roberto Dorantes regresa al Tribunal Superior de Justicia como Visitador

- Presidenta del Poder Judicial y expresidenta del Congreso terminarían en prisión por incumplir amparo

Claudia Montero Xalapa, Ver. 10/01/2022

alcalorpolitico.com

Un año y medio después de haber sido arbitrariamente removido del cargo de Magistrado por parte del Congreso del Estado de Veracruz, este lunes, Roberto Dorantes Romero se reincorpora al Tribunal Superior de Justicia como Magistrado adscrito a la Visitaduría, con lo que se consuma la derrota jurídica que tanto el Congreso como el Poder Judicial del Estado buscaron retrasar.

Cabe recordar que el 7 de julio de 2020, Roberto Dorantes Romero fue ilegalmente removido del cargo por el Congreso del Estado, por lo que un Juez Federal ordenó su reinstalación. Sin embargo, tanto el Congreso como el Poder Judicial se negaron sistemáticamente a dar cumplimiento a la sentencia, lo que redundó en que tanto la presidenta del Poder Judicial, Inés Romero Cruz, como la expresidenta del Congreso, Adriana Linares Capitanachi, fueran multadas.

Asimismo, el Poder Judicial de la Federación inició un procedimiento en contra de las servidoras públicas, mismo que, de acuerdo con los artículos 198 y 267 de la Ley de Amparo, podría derivar en que sean consignadas ante un Juez Penal Federal por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, por el que enfrentarían una pena de hasta 10 años de prisión.



A pesar de que Adriana Linares Capitanachi habría cometido un delito federal al negarse a dar cumplimiento a una sentencia de amparo, paradójicamente, el pasado 23 de diciembre del 2021 fue designada como Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Además del antecedente de desprecio a la ley mostrado en el caso de Dorantes Romero, Linares Capitanachi fue designada en el cargo anticorrupción a pesar de no cumplir con los requisitos de ley para ejercer el cargo. Es decir, una persona investigada por violar la ley fue designada ilegalmente para combatir la corrupción en el Estado.

El actuar arbitrario del Congreso del Estado también ocasionó un daño patrimonial al Poder Judicial, pues éste tuvo que pagar más de 2 millones de pesos, no contemplados en su presupuesto, para cubrir los daños causados a Dorantes Romero con motivo de su destitución ilegal.