Integrantes del sector transportista en Veracruz anunciaron que presentarán amparos para protegerse de cualquier carpeta de investigación o proceso penal que las autoridades federales o estatales pretendan iniciar en su contra, luego de las movilizaciones del pasado 24 del presente.
Alvaro Martínez Aguilar, director nacional jurídico de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), indicó que las protestas son resultado de años de demandar diálogo sin que hubiera respuestas por parte del Gobierno Federal.
Explicó que las exigencias no buscan beneficios económicos ni partidistas, sino 3 demandas centrales: mayor seguridad en carreteras, una fiscalía especializada en accidentes y problemas carreteros y el retiro de retenes de la Policía Ministerial y Policía Estatal, donde ocurren detenciones arbitrarias, extorsiones y riesgos de violencia
Indicó que las amenazas hechas por la presidenta de la República, la Secretaría de Gobernación y funcionarios del Gobierno de Veracruz han obligado al sector a buscar protección legal ante la posibilidad de persecución política, desapariciones forzadas o agresiones, como ha ocurrido en otros casos a nivel nacional.
Aclaró que la toma de carreteras no ha bloqueado el flujo vehicular, por lo que no existe delito federal qué perseguir. Consideró que el Gobierno “intenta desvirtuar” la movilización acusándolos de actuar por intereses partidistas, situación que cualquiera que vea la realidad que se vive sabe que es falsa.
Sin embargo, recalcó que en el movimiento participan incluso militantes de MORENA que también son transportistas, campesinos y trabajadores que también padecen la inseguridad y abusos en las carreteras.
El director nacional jurídico de la ANTAC insistió en que la protesta es legítima, pacífica y en beneficio general de quienes transitan por las carreteras del País. Además, recordó que la movilización comenzó el lunes pasado y, ante la falta de respuestas, podría reforzarse en los próximos días.