Ante casos contra Raúl González y Bertín Bravo, MC acusa persecución política

Movimiento Ciudadano acusó persecución política en Veracruz tras las solicitudes de desafuero promovidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero.

Los 2 expedientes fueron enviados al Congreso local y se encuentran en análisis de la Comisión Instructora, que deberá determinar si existen elementos para retirar la inmunidad constitucional a los presidentes municipales, ambos postulados por MC. En el caso de González Martínez, la solicitud está relacionada con la investigación por el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán, privada de la libertad el 2 de junio en Nanchital y localizada sin vida días después.

De acuerdo con el expediente legislativo, un testigo declaró haber escuchado al Alcalde pedir a un presunto jefe criminal que secuestrara a la comunicadora porque supuestamente poseía una fotografía en la que el edil aparecía con un arma larga. Bravo Montero también enfrenta un procedimiento de declaración de procedencia. Aunque la Fiscalía no ha informado los delitos que le atribuye, fuentes consultadas señalaron que la investigación estaría vinculada con una desaparición.

Ante los procedimientos, la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano afirmó que respalda las investigaciones contra cualquier conducta delictiva, pero exigió que la Fiscalía actúe con autonomía, neutralidad y apego al debido proceso. “Estamos a favor de que cualquier conducta delictiva sea investigada y sancionada conforme a Derecho. Nadie debe estar por encima de la Ley”, señaló el partido en un pronunciamiento difundido este jueves.

MC sostuvo, sin mencionar directamente a los alcaldes, que las instituciones no deben utilizarse para presionar a integrantes de la oposición. “Exigimos el cese inmediato de cualquier acto de persecución política contra integrantes de nuestro movimiento o contra cualquier ciudadano que sea presionado por pensar distinto”, indicó.

Los alcaldes ya fueron notificados del inicio de los procedimientos y cuentan con 7 días para responder a los señalamientos. Después se realizará la etapa de pruebas y alegatos antes de que la Comisión Instructora emita un dictamen.