Ante fracaso, van por “borrón y cuenta nueva” con Tribunal de Justicia Administrativa

El coordinador de la bancada de MORENA en el Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, propuso la extinción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz.

Al alegar que el Tribunal no ha cumplido con el objetivo de su creación que es el combate a la corrupción, dado que mantiene un rezago de más de 4 mil expedientes, es necesario reestructurarlo.

En su iniciativa afirma que con la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz “se reforzarán las Magistraturas integrantes a fin de dotarlos de servidores especializados, profesionales y comprometidos con el actuar jurisdiccional”.

Ante ello, propone una integración de cinco magistraturas, una de ellas especializada en materia de responsabilidad administrativa de servidores públicos.

Prevé la conformación de un Pleno integrado por las cinco magistraturas como máximo órgano de decisión, una Sala Superior integrada por tres de esas cinco magistraturas, una de ellas sería la que la presida, la otra, una magistratura especializada en materia de responsabilidad administrativa y una magistratura que permitirá la participación de los demás miembros del Tribunal, funcionando de modo dinámico, con las que correspondan a la zona norte, centro y sur, la cual conocerá de asuntos en segunda instancia y cuyas decisiones se tomarán de manera colegiada.

El Diputado además propone la regionalización de tres salas unitarias, ubicadas en el norte, centro y sur del Estado, que conocerán de asuntos en primera instancia.

Se prevé la utilización de una plataforma digital que permita la visualización de las sesiones en tiempo real, priorizando las nuevas tecnologías con la justicia, la economía procesal y presupuestal, la facilitación de los justiciables para el acceso a los expedientes y el trabajo en conjunto regional, sin la necesidad de trasladarse a otro lado.

A su vez, la Presidencia del Tribunal se elegirá de entre las Magistraturas que conforman la Sala Superior, será rotativa y fungirá como Presidente o Presidenta por un periodo de dos años.

La iniciativa pretende establecer un rango de edad para ostentar una magistratura de cuando 35 años cumplidos al día de la designación; que el ostentante cuente con título de Licenciado en Derecho con una antigüedad mínima de diez años; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; u otro que lastime seriamente su buena fama.

“Debe de entenderse, que a pesar de llevar el nombre de Tribunal, el órgano a suprimir, no forma parte del Poder Judicial, precisamente, porque desde su origen, resultaba ser una institución autónoma, especializada y desligada de cualquier poder, que pudiera realizar su trabajo sin presiones o dependencias”, señala el documento.

Y es que afirma que el Tribunal tal como está creado actualmente y a más de cuatro años de su creación el fenómeno de la corrupción continúa vigente, “debido al nulo interés del órgano administrativo por sancionar de forma eficaz las faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción”.

“A esta situación, se adiciona la incapacidad para atender y resolver los asuntos y trámites recibidos del otrora Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado”.

El diputado señaló que existen 4 mil 721 asuntos pendientes, que no han sido objeto de resolución alguna dentro del Tribunal, considerando un rezago cuantioso y confirmando que existe un problema grave que se debe resolver.