Ante Senado, Yolli “N”, extitular de IVAI, dice ser presa política en Veracruz

Al calificarse como presa política, la expresidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública (IVAI), Yolli García Álvarez, llevó su caso hasta la Comisión Especial del Senado que analizará presuntos abusos de derechos humanos en Veracruz.

En un documento enviado a la Comisión especial, los familiares de la excomisionada relataron que fue privada de su libertad en marzo de 2020, un día después de haber dejado el cargo, acusada de haber nombrado a personal del órgano interno de control sin tener facultades para ello.



Se indica que en diciembre fue imputada por otro delito, acusada de que su omisión de asignar presupuesto a dicho órgano de control evitó que se pudiera contratar personal para esa área.



A pesar de que ninguno de los delitos que se le imputan es grave ni amerita prisión preventiva oficiosa, dijo que "lleva más de 630 días privada de su libertad y sin la debida atención médica en el penal de Pacho Viejo", leyó del documento la Senadora panista Indira Rosales San Román.

Se hizo un repaso del proceso legislativo en el que al IVAI se le asignaron recursos en el presupuesto, las modificaciones a este, el no etiquetar un monto preciso al órgano interno de control, las peticiones de quién sería el encargado de esa área, sus pretensiones de tener a disposición 3 millones de pesos, cobrar 50 mil pesos y tener a tres personas trabajando con él, a quienes pretendía pagar 35 mil pesos.



El documento afirma que Yolli García enfrenta su proceso frente a un juez con "consigna", de un Poder Judicial "sumiso".



Se agrega que la detención de Yolli García fue con la intención de apoderarse del órgano autónomo de Transparencia en la entidad, pues desde 2018 ella y sus compañeros se negaron a clasificar información que el gobierno estatal morenista pretendía mantener a resguardo aun en contra de la ley.

Ello, máxime que los servidores públicos que entraron con esa administración fueron sujetos de procedimientos por usar fotos de niños sin respetar su identidad, así como hacer uso de datos personales.



"Su único delito fue haber incomodado y causado molestia al poder ejecutivo estatal al cumplir con sus obligaciones como comisionada de garantizar el acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales en Veracruz.



"Su encarcelamiento debe ser considerado como una violación grave a sus derechos humanos y como un atentado a la libertad de expresión", solicitan.