El exalcalde de Ángel R. Cabada, Arturo Herviz Reyes, iniciará su campaña por la presidencia municipal por la vía independiente con una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión o presentación en su contra.
Con fecha 14 de abril, el exmilitante del desaparecido Partido de la Revolución Democrática (PRD) recurrió al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal de Villa Aldama para solicitar la protección de la justicia de la Unión.
Por medio del recurso de amparo 86/2025, Herviz Reyes solicitó la invalidez de cualquier solicitud de aprehensión, reaprehensión, detención, presentación, comparecencia, citación, arresto o cualquier acto que restrinja su libertad personal.
Como autoridades señaladas, el experredista impugnó posibles actos que tengan en perjuicio la libertad personal e individual de Herviz Reyes y que provengan del Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial en Xalapa, del Juez de Proceso y Procedimiento Penal con sede en el Centro de Justicia para las Mujeres, de la Fiscalía Regional Zona Centro Xalapa, de la Unidad Integral de Xalapa, de la Unidad de Atención Temprana en el Décimo Primer Distrito Judicial en Xalapa, además del Fiscal Especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas Zona Centro Xalapa de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, del Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz o del Delegado Regional de la Policía Ministerial.
En ese sentido, el Juzgado Segundo en Materia de Amparo Penal le brindó al aspirante independiente la suspensión provisional, de modo que en caso de existir una orden de detención, esta no surtirá efecto siempre y cuando el Juez de Control no lo requiera por delitos que sí ameriten prisión preventiva oficiosa.
Cabe recordar que el 23 de agosto de 2023, un Juzgado de Control y de Proceso Penal le otorgó un auto de vinculación a proceso por el uso de documento falso y el de ejercicio indebido del servicio público. En ese asunto, el Juzgado Primero de Distrito dio marcha atrás al revertir la vinculación a proceso, pese a que la Fiscalía General del Estado lo requería por presentar documentación falsificada del Gobierno Federal para construir una planta de aguas residuales.