Anticorrupción y delincuencia gubernamental (2)

Tan notorio como indiscutible, contrario al discurso oficial, los pobres aumentan y el caldo de cultivo alimenta más la delincuencia y sus efectos.

Si delincuente es el que viola la ley, entonces doblemente lo es, el que desde el gobierno delinque y, además, siendo su obligación no la hace cumplir. El gobierno “para vivir mejor “superará fácilmente los pronósticos: al concluir el sexenio habrán más de 120 mil homicidios, mas los múltiples delitos que les acompañan.

En todo México, su oportuna y eficaz atención, combate y erradicación es un reclamo generalizado: ni delincuentes en los gobiernos y, mucho menos, gobiernos de delincuentes.

Para el mundo, nuestra desgracia se ha vuelto noticia cotidiana.

Trágica experiencia, dolorosa situación para familiares y comunidades enteras que padecen los efectos. Inaceptable expectativa para quienes piensan, que es futuro obligado.

Pero qué hacen los gobiernos para combatir a esa delincuencia que en muchos aspectos es peor, porque estando obligados a cumplir y hacer cumplir la ley, simplemente no lo hacen y se mueven de la apariencia a la conveniencia, de la simulación a la distorsión.

En efecto, qué hacer con la delincuencia gubernamental, que no sólo no cumple ni hace cumplir la ley, sino que además usa y abusa de las atribuciones de las instituciones a su cargo, que indebidamente se apropian de recursos o bienes públicos, y que manipulan o simulan informaciones y situaciones, que exageran o inventan logros y avances.

Viaje sin retorno de la negligencia al disimulo, del desinterés al encubrimiento, de la confabulación a la complicidad y de ahí, a la invaluable y ansiada impunidad. Desde luego, con la consabida corrupción que facilita el ilícito enriquecimiento y el clandestino empoderamiento.

Indebido e injusto permitirla y peor alentarla; imposible hacer como que no existe, ni importa o no afecta.

En este contexto, de justificada protesta individual y colectiva; y de creciente y abierto reclamo social, lo mínimo que se espera es un esfuerzo conjunto, civil e institucional, contra la corrupción en los gobiernos federal, estatal y municipal.

Ser o no ser.

¿Y los gobiernos estatales y municipales? ¿Qué hay de sus crecientes e inocultables deudas y crisis financieras? ¿No hay responsables y culpables?

Incrédulos algunos, estupefactos otros y la mayoría sin mostrar preocupación aparente, innumerables políticos activos e inactivos de su propio partido dejan que el discurso, la iniciativa y la intención manifiesta del Presidente electo, Enrique Peña Nieto, siga su curso.

Demasiados políticos y gobernantes priistas, ni hacen ni deshacen, simplemente se convierten en testigos pasivos, en espectadores indiferentes o en cómplices silenciosos al no sumarse al esfuerzo y permitir que crezcan la ineficiencia y la delincuencia.

La mayoría de los gobernantes y funcionarios estales y municipales, no participa ni contribuye al esfuerzo anticorrupción.

Se sospecha que en el fondo esperan que sean leyes que una vez aprobadas, como muchas, no se cumplan; o que en todo caso, se conviertan en letra muerta, en base de simulacro y no pasen de buenas intenciones.

Como una estela de luz, la impunidad ilumina y muestra sus alcances. La delincuencia común y corriente obtiene facilidades para canalizar y poner a salvo sus ilegales fortunas, utilidades y recursos.

Para ello, está probado y comprobado que cuentan con los favores, complacencias y apoyos, de sus cómplices y socios en los gobiernos; lo que ahora escandaliza y asombra es la larga, importante e inocultable presencia de delincuentes financieros que precisamente se encargan de “lavar”, de convertir en legal y decente el cuantioso producto de la operación criminal, permitida y apoyada desde importantes niveles.

Delincuencia financiera

En el mundo, se sabe de casos en los que se comprueba una relación estrecha, notoria y conocida entre y con la delincuencia gubernamental y la delincuencia financiera que, en el fondo y a la luz pública, constituyen el crimen perfecto, aquel que no tiene y jamás tendrá castigo. Lo mismo lavan que manipulan calificaciones y tasas de interés.

Dicen con sobrada razón que los mejores y más seguros asaltos a bancos e instituciones financieras ocurren desde dentro, ahí donde los especialistas operan, sin que nadie ni nada los detenga, porque sobran formas de evadir la justicia.

Ilusos, arriesgados y poquiteros los que se atreven a asaltarlos en las ventanillas o en los transportes.

Otro aspecto de la misma problemática. Como ocultar conocidos y tradicionales apoyos, refugios y seguros: desde el indebido “secreto bancario” al amparo del cual se protege y oculta toda actividad criminal; hasta la identificación y reconocimiento de lugares definidos como “paraíso bancario y fiscal”, que como su nombre lo indica es un paraíso de la opacidad, la discrecionalidad y la delincuencia, reconocido y protegido por leyes y gobiernos. Eso sin contar cuantiosos estímulos, rescates, tasas preferenciales, “fondos perdidos”, créditos y privilegios fiscales

En general, unos y otros, hagan lo que hagan, siempre obtienen un trato respetuoso, preferencial y casi de intocables, con el cual los innumerables funcionarios y representantes de los gobiernos tratan a supuestos banqueros, financieros y empresarios de fondos y valores. Y así, sin percatarnos se pasa del secreto bancario al secreto fiscal, de ahí al secreto profesional, al secreto de Estado; la secrecía de la delincuencia se confunde y mezcla con la conceptualización de la eficiencia y la decencia.

Mayor descaro y cinismo, cuando la transparencia y el acceso a la información se hacen presentes, entonces al igual que en el terreno hacendario y fiscal se pasa de la evasión a la elusión, del privilegio al crédito fiscal, del fomento y protección del capital al subsidio abierto o al apoyo del fondo perdido.

En todo caso, opera el recurso legal, la discrecionalidad institucional que todo lo permite o lo limita, para finalmente recurrir a la cortina o blindaje de la impunidad: se reserva o clasifica la información, por años y décadas.

Pero la historia no tiene fin. Es tal la embestida de la complicidad institucional y el descaro delincuencial, que se abusa del derecho a la privacidad para esconder nombres, beneficios, negocios, privilegios y ventajas del uso y abuso de los recursos públicos y humanos, así como de las atribuciones institucionales.

Y ni que decir de la contabilidad gubernamental, convertida en costoso y manipulable sistema de registro, transformada en códice de la opacidad, la manipulación y la distorsión.

Contabilidad que, en la mayoría de los casos, no dice lo que debe decir o simplemente no dice nada, pero eso sí, hace que “todo cheque aunque no cuadre”.

Delincuencia de la fiscalización y control, que es otra historia.

Así que, iniciar y sostener la anticorrupción y sus políticas complementarias, es el reto y el compromiso del renovado gobierno de la República y de todos.

Así se reconoce, tanto por la iniciativa preferente de la nueva ley de contabilidad gubernamental; como, en particular, por las acciones que apuntalan las primeras iniciativas presentadas por el declarado presidente electo de México.