Las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados aprobó la ruta para dictaminar la “Ley Federal de Ciberseguridad”, presentada a final del abril del 2023 por el diputado federal Javier López Casarín y con la que buscarían facultar a la SEDENA y Marina para realizar “operaciones militares” en el ciberespacio.
Sería en los últimos días de febrero cuando se lleve a cabo una reunión con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Hacienda, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, para antes de que termine el mes el dictamen se discuta y apruebe en comisiones.
Esta Ley fue criticada por organizaciones independientes como Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales, porque faculta a las fuerzas armadas para realizar “monitoreos” y tareas de espionaje e intervención en las comunicaciones privadas bajo el argumento de sospecha por actividades ilegales.
La propuesta del diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, Javier López Casarían, presidente de la Comisión de Ciencia, tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, también plantea darle a la Sedena y Marina la capacidad de dar de baja direcciones IP, dominios y páginas web de manera discrecional.
La iniciativa de “Ley Federal de Ciberseguridad” también planea la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad con facultades para “fortalecer actividades de inteligencia” y que obligaría a los particulares a entregar información requerida por las autoridades sin que exista un procedimiento específico.
Tal como lo señaló Artículo 19, esta iniciativa contempla tipo penales con “términos amplios, vagos e imprecisos que criminalizan conductas salvaguardadas bajo la libertad de expresión”, el artículo 78 de la iniciativa dicta:
“Al que describa, diseñe o grabe cualquier tipo de material digital, auditivo, fotográfico o video gráfico (…) mediante los cuales se incite, facilite, induzca u obligue a personas a ocasionar un daño físico, psicológico o material, a sí mismas o a terceros, se sancionará con una pena de tres a seis años de prisión y una multa de quinientas a mil unidades de medida y actualización”.
En las redes sociales el debate sobre la iniciativa regresó y apuntan a una medida del Legislativo para frenar el fenómeno digital de los últimos 14 días en los que los “hasgtags” o “etiquetas” en tendencia fueron aquellos que vinculaban al presidente Andrés Manuel López Obrador con el reportaje publicado en ProPublica por Tim Golden en el que se señala una presunta financiación del Cártel de Sinaloa a la campaña presidencial de 2006 del ahora presidente de México.