Con 39 votos a favor, ocho en contra y ninguna abstención, el Congreso de Veracruz aprobó reformas a la Ley que Crea la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) para concentrar en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) la recaudación, administración y control de los recursos de la institución, así como establecer nuevas reglas presupuestales y patrimoniales.
La reforma fue aprobada luego de que la administración estatal confirmó posibles actos de corrupción en la institución, sin embargo, diputados de la oposición criticaron que hasta la fecha no se ha procedido en contra de los presuntos responsables.
El dictamen, presentado por la Comisión Permanente de Educación y Cultura, establece que todos los derechos y demás ingresos de la UPAV deberán recaudarse exclusivamente a través de los mecanismos electrónicos de la Oficina Virtual de Hacienda del Gobierno del Estado.
Para ejercer esos recursos, el rector deberá integrar cada año un proyecto de presupuesto específico, que será sometido a la aprobación de la Junta de Gobierno.
La reforma dispone que los bienes muebles e inmuebles y los recursos económicos de la Universidad se equiparan al dominio público del Estado, por lo que tendrán carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles y no podrán ser objeto de gravamen. Asimismo, faculta a SEFIPLAN para dictar las normas en materia de control presupuestal y obliga a que el presupuesto anual incorpore indicadores de gestión, desempeño y financieros.
Debate
Durante la discusión en tribuna, el diputado Adrián Ávila Estrada, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que la UPAV ha enfrentado señalamientos por presuntas irregularidades administrativas y por el manejo de recursos a través de asociaciones civiles.
Señaló que, aunque el decreto modifica el esquema de recaudación, no resuelve por sí mismo los problemas existentes y pidió que se solicite un informe detallado del uso de recursos recaudados en ejercicios anteriores. Planteó que, de detectarse malos manejos, se obligue a la restitución de los recursos y se finquen responsabilidades.
Por el Partido del Trabajo, la diputada Elizabeth Morales García respaldó la reforma al considerar que amplía el orden administrativo y protege el patrimonio institucional. Afirmó que la modificación no afecta la vida académica ni la esencia educativa de la UPAV, al centrarse en reglas de recaudación, administración y control presupuestal.
En contra, el diputado Héctor Yunes Landa, del grupo mixto Veracruz nos une, advirtió que la reforma prioriza el control del dinero y subordina a la UPAV a las reglas del gasto público estatal al sectorizarla a la Secretaría de Educación.
Señaló que el nuevo modelo implica obligaciones financieras que no quedarían cubiertas con el presupuesto disponible y citó adeudos con docentes. También cuestionó que se mantengan cobros que podrían contravenir disposiciones sobre gratuidad educativa.
Desde el PAN, la diputada Jesús Rosales Román cuestionó quién asumirá la responsabilidad de los pagos pendientes a maestros y exigió que se esclarezca el manejo de los recursos. Señaló que existen adeudos desde abril del año pasado y planteó la necesidad de fincar responsabilidades por el destino de las cuotas recaudadas.
A nombre de MORENA, el diputado José Reveriano Marín Hernández defendió el dictamen y sostuvo que la iniciativa enviada por la gobernadora Rocío Nahle García fortalece la estructura financiera de la UPAV, al incorporar recaudación electrónica, control patrimonial y mecanismos de planeación y control del gasto público.
En los artículos transitorios se estableció que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial; se fijó un plazo de hasta 90 días naturales para adecuar estatutos y reglamentos internos, y de 60 días para que SEFIPLAN emita las normas de control presupuestal, además de conciliar e integrar al patrimonio universitario los recursos recaudados antes de la entrada en vigor del decreto.