Aprueba Congreso local reestructuración de la deuda pública bancaria

En sesión extraordinaria, este miércoles el pleno del Congreso del Estado aprobó en lo general, con 35 votos a favor, 9 en contra y una abstención, la propuesta que le permite al Gobernador del Estado tramitar 3 financiamientos por 21 mil 700 millones de pesos para reestructurar la deuda pública bancaria heredada, equivalente a 25 mil 145 millones 380 mil 612 pesos.

Tras una discusión de más de dos horas de duración y apenas seis días después de que el gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, presentara su propuesta al Congreso local, este miércoles la mayoría, conformada por el PRI, PVEM y Nueva Alianza, dieron el visto bueno a la iniciativa, incluyendo el voto a favor de la diputada del PRD, Ana María Condado Escamilla.

En contra votaron los legisladores panistas Edgar Hugo Fernández Bernal, Carlos Fuentes Urrutia, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, Víctor Román Jiménez Rodríguez, Ana Cristina Ledezma López, María del Carmen Pontón Villa, Julen Rementería del Puerto, Jorge Vera Hernández y el perredista, Jesús Alberto Velázquez Flores.



Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Pola Estrada, se abstuvo de dar un voto a favor o en contra.

Aunque diputados del PAN se reservaron para su discusión en lo particular siete artículos, de los 15 que componen la iniciativa, ninguno fue admitido por el Pleno, de ahí que todas las partes del dictamen fueron aprobadas como las propuso Duarte de Ochoa.

El diputado local panista, Julen Rementería del Puerto, se reservó el Artículo Primero, Cuarto, Sexto y Décimo. El Segundo fue reservado por Hugo Fernández Bernal y Ana Cristina Ledezma López, se reservó el Artículo Quinto y Cuarto Transitorio.



Así, se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, realice la contratación de financiamiento por la cantidad de hasta 5 mil millones de pesos, tomando como fuente de pago el derecho y los ingresos hasta el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEV).

También se le autoriza la contratación de un segundo financiamiento por la cantidad de hasta mil 700 millones de pesos, el cual tendrá como fuente de pago el derecho y los ingresos hasta el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que corresponde al Estado (FAIS/FISE).

Además, se permite la contratación de un tercer financiamiento por un plazo de hasta 20 años y por la cantidad de hasta 15 mil millones de pesos, el cual tendrá como fuente de pago los ingresos provenientes del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP).



En el Artículo Primero de este Decreto se establece que el primer financiamiento debe destinarse a amortizar anticipadamente la deuda pública a cargo del Gobierno del Estado, construir los fondos de reserva del financiamiento contratado y en su caso contratar coberturas de tasa de interés o de intercambio de tasas de interés de los denominados swaps.

En el Artículo Segundo se establece que el segundo financiamiento deberá destinarse a inversiones públicas productivas en materia de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en extrema pobreza o localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social.

En su Artículo Quinto se aprobó que el tercer financiamiento se destine a amortizar anticipadamente la deuda pública a cargo del Gobierno del Estado, constituir los fondos de reserva del financiamiento contratado, contratar coberturas de tasa de interés, pagar los gastos, comisiones y demás erogaciones que genere el diseño, la instrumentación del financiamiento y, en su caso, a saneamiento financiero.



Previo a la discusión, el coordinador de la bancada del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, mediante una moción suspensiva afirmó que se viola el Artículo 127 de la Constitución que señala que las legislaturas locales deben de autorizar créditos previo análisis de su destino; no obstante, ésta no fue aprobada por el pleno.

En cuanto a los posicionamientos por parte de los grupos legislativos, el diputado local por el Partido Alternativa Veracruzana, Francisco Garrido Sánchez, dijo que con esta medida se actúa responsablemente, evitando caer en el extremo de decir que todo está bien o rehuyendo de la opinión de que todo está mal, de ahí que votaría a favor.

“Veracruz está primero. Nuestra obligación es servir a los ciudadanos y no a los partidos políticos”, dijo ante el Pleno, pese a que el dirigente de esta fuerza política, Alfredo Tress Jiménez, amagó con expulsarlo si vota a favor de la propuesta del Gobernador.



En su turno, el diputado del Partido Nueva Alianza, Gerardo Fuentes Flores, explicó que cuando sus homólogos se refieren a la deuda pública se debe considerar como una forma de crecimiento para la economía en Veracruz a través de la llegada de empresas privadas por el acceso a más recursos a través de distintos financiamientos.

Por su parte, el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jesús Vázquez González, dijo que los montos aprobados están en concordancia con la ley federal, descartando trampas en la adquisición de los tres créditos.

“Hoy no se trata de restar, hoy se debe sumar, reconozcamos que el decreto es viable tras ser analizado por la Secretaría de Hacienda federal, lo que da certeza a este proyecto”, argumentó.



Por parte del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado local Julen Rementería del Puerto, dijo que al Poder Ejecutivo le ha faltado dar a conocer qué se hará con los recursos que se obtengan, por lo que consideró la aprobación como la aval para una deuda de 31 mil 850 millones de pesos.

“Sostenemos que esta deuda no es reestructurar sino pedir prestado y pagar una parte. Lo que se está autorizando es una cifra que rebasa los 31 mil 950 millones de pesos”, mencionó el legislador local.

El Diputado señaló que debido a la opacidad con la que se maneja la información de la llamada reestructuración hasta el momento y tras la revisión del dictamen, no se conoce el destino de los recursos, las tasas de interés ni los plazos de pago de la deuda, por lo que alertó que se avecina para Veracruz una “tormenta perfecta”.



Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mariela Tovar Lorenzo, destacó que los fondos que se contraten serán aplicados como fuente de pago de deuda, pero también para beneficio de las clases más desprotegidas.

Dijo que en la bancada están convencidos de que la restauración de la deuda es un proceso pertinente de acuerdo a los especialistas, según los procesos que se esperan el próximo año de incertidumbre financiera.

Manifestó que el Estado se ha visto detenido de acuerdo a los programas de desarrollo y la escasez de recursos, de ahí que ésta es una solución necesaria sin que se genere un agravio mayor a las finanzas públicas.



Argumentó que con esta acción lo que se busca es reducir la deuda bancaria a partir de la reducción de las participaciones federales; no obstante, se otorga liquidez al gobierno, así como la posibilidad de generar mayores aportaciones a la infraestructura social y programas u obras básicas e inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema.

En cuanto a los posicionamientos en lo general, Rementería del Puerto, quien fue abucheado por el público asistente que llenó las butacas de la sala, dijo que la iniciativa es una mentira, sobre todo en lo que tiene que ver con los créditos de garantías de pago oportuno.

Debido a la cantidad de chiflidos de los asistentes, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Octavia Ortega Arteaga, interrumpió al diputado albiazul, sin embargo fue el diputado Jesús Vázquez González quien pidió respeto a los asistentes.



Al respecto, la secretaria de la Mesa Directiva, Ana Cristina Ledezma López, tuvo que citar el artículo 173 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

“Los asistentes a las galerías se presentarán sin armas, guardarán respeto, silencio, compostura y no harán ninguna clase de demostraciones durante el desarrollo de los debates”, dijo, solicitando silencio al público.

En su oportunidad, el diputado local priísta, Marco Antonio Del Ángel Arroyo, adelantó que votaría a favor del dictamen, refiriendo que a su parecer con esta medida la próxima administración estatal contará con recursos para operar.



Por su parte la diputada del PVEM, Mónica Robles Barajas, dijo que la propuesta era viable ya que se fortalece la Hacienda Pública Estatal, otorgando liquidez para pagar puntualmente sus participaciones a los ayuntamientos y a instituciones como la Secretaría de Salud, que en ocasiones carece de recursos para dotar a los hospitales de medicamentos.

Sin embargo, precisó que la deuda pública heredada no se elimina, aunque tampoco se incrementa, por lo que su voto a favor no es un “cheque en blanco” ya que pide transparencia.

Así requirió la creación de una comisión especial con representantes de todos los partidos políticos a fin de analizar el uso de los recursos y que las participaciones que se liberen también sean para las zonas más vulnerables de Coatzacoalcos, distrito que representa.



Luego de que el diputado Octavio Pérez Garay declinó su participación, con un ábaco el diputado local priísta,JoséRamón Gutiérrez de Velasco Hoyos, dijo que con la iniciativa solo quedarían 5 mil millones de pesos de deuda pública heredada.



“No es matraca, es un ábaco”, ironizó el legislador al subir a tribuna, insistiendo en que como diputado y ciudadano se convenció que esta iniciativa será en beneficio del Estado de Veracruz, yo les digo a los diputados que votarán a favor están haciendo lo correcto, a los que no vinieron tendrán sus razones, y a quienes piensan votar en contra pesarlo”, indicó.

En ese sentido, el priísta expuso que Veracruz ha cumplido cabalmente con sus compromisos financieros, pero busca obtener mejores condiciones de pago, “lo cual haría cualquier ciudadano en su economía familiar, cualquier empresa y cualquier institución”.

“Si tú como ciudadano le debes a un banco y de repente te dan mejores condiciones, mayores plazos, pues seguramente vas a tomar esas opciones de beneficio. Lo mismo sucede en una economía de Gobierno”, explicó.



Utilizando el ábaco, Gutiérrez de Velasco Hoyos explicó que el Estado tiene 25 mil millones de pesos de deuda bancaria, y con 5 mil millones del FAFEF se pueda pagar parte de esa deuda. Adicionalmente, se tienen 15 mil millones del 3 por ciento del Impuesto a la Nómina que también se utilizarían para pagar dicha deuda. Sumando esas dos cantidades, analizó, solamente quedarían 5 mil millones de pesos como deuda.

En lo particular, se reservaron varios artículos Julen Rementería del Puerto, Édgar Hugo Fernández Bernal y Ana Cristina Ledezma López, todos ellos del PAN, y tras participar en tribuna, con votación mayoritaria, se desecharon.