Aprueban diputados el Plan Veracruzano de Desarrollo de Nahle

Con 36 votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones, el Congreso del Estado aprobó el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2025-2030, presentado por la gobernadora Rocío Nahle García.

El documento plantea mejorar el bienestar social y económico del Estado bajo criterios de sustentabilidad, gobernabilidad y seguridad. El proyecto fue construido a partir de seis ejes rectores y dos transversales que orientarán la gestión pública durante el sexenio.

De acuerdo con la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), el PVD “pretende mejorar los niveles de bienestar social y económico bajo criterios de sustentabilidad y en un ambiente de seguridad y gobernabilidad para que así las familias veracruzanas logren tener una mejor calidad de vida, terminando con el rezago social del Estado”, dijo.



El dictamen señala que el documento fue elaborado tras una consulta popular en seis foros regionales realizados en Tuxpan, Papantla, Xalapa, Orizaba, Boca del Río y Coatzacoalcos, y recoge “13 mil 24 propuestas ciudadanas hechas a la gobernadora durante giras de agradecimiento”. Asimismo, incorpora los “81 compromisos de campaña realizados por el actual titular del Ejecutivo del estado”.

Instalarán Consejo

En la exposición de motivos, la JUCOPO indicó que el plan “sigue una metodología cimentada en el estudio de las necesidades de Veracruz”, incluyendo la instalación del Consejo Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar, seis subcomités, diagnósticos estructurales y un sistema de evaluación mediante indicadores de desempeño.



Los seis rubros del diagnóstico estructural son: Bienestar Social, Economía y Sustentabilidad, Comunicaciones y Obra Pública, Gobierno y Seguridad, Administración Eficiente y Digital, y Participación e Inclusión Ciudadana. Estos permitieron establecer los objetivos, estrategias y líneas de acción del plan.

El eje “Veracruz con bienestar y humanismo” incluye acciones para combatir la pobreza, el rezago social y la marginación, así como la atención a la salud materna, enfermedades transmisibles y no transmisibles, salud adolescente, contaminación, infraestructura médica, personal médico y abasto de insumos. En materia educativa, se propone “reducir las desigualdades y fortalecer el desarrollo social y económico”, mediante cobertura ampliada, acompañamiento académico, profesionalización docente y acceso a tecnologías. La educación “inclusiva y humanista” será uno de los pilares del eje.

La asistencia social también forma parte del primer eje, con énfasis en “garantizar el bienestar y el desarrollo integral de la población, en especial de aquella en situación de vulnerabilidad”. El segundo eje rector, “Economía y sustentabilidad”, busca “incrementar el crecimiento de la economía de la entidad a través de la promoción de las inversiones que generen empleos seguros y bien pagados que refuercen a la industria veracruzana”.



Entre las medidas se encuentran el fortalecimiento de infraestructura portuaria, impulso al emprendimiento, desarrollo de sectores estratégicos como manufactura y petroquímica, así como apoyo al campo con programas de productividad y asistencia técnica. Para el turismo, el plan pretende “posicionar el estado de Veracruz como un destino turístico diverso” con campañas de promoción, estándares de calidad y atracción de inversiones. También se contemplan acciones de restauración ecológica, pagos por servicios ambientales y respaldo a propietarios forestales.

En justicia laboral, el PVD propone “incentivar la generación de empleos dignos y bien remunerados a fin de reducir informalidad laboral, procurando la justicia laboral gratuita”. El tercer eje rector, “Infraestructura y movilidad”, contempla ampliar la conectividad del estado, mejorar caminos y carreteras, y garantizar acceso a telecomunicaciones: “se pretende facilitar el acceso a internet y telefonía celular por medio del incremento de la infraestructura pública de telecomunicaciones”.

El eje de “Gobernanza y seguridad” propone “llevar a cabo acercamientos con la sociedad con el objetivo de atacar las causas del delito”, mediante medidas preventivas, mejora en la capacitación policial y coordinación entre niveles de gobierno. La estrategia plantea “reducir los índices delictivos en el estado a través de la coordinación de los tres órdenes de gobierno”.



Los ejes transversales apuntan hacia una “administración pública eficiente y digital” y la garantía de “derechos humanos universales”, mediante innovación tecnológica, transparencia y atención a personas en situación de vulnerabilidad. El PVD también incluye programas sociales y proyectos de infraestructura, descritos en las secciones “Programas derivados del plan” y “Proyectos para la transformación”.

Según el documento, se trata de “acciones concretas… para la consecución de las metas establecidas que van desde la creación y aplicación de diversos programas sociales… hasta la realización de múltiples obras de infraestructura pública”.

El Congreso del Estado recordó que “en términos del artículo 42 de la Ley de Planeación del Estado, la persona titular del Ejecutivo estatal remitirá a este Congreso los resultados de las evaluaciones y las actualizaciones realizadas al Plan Veracruzano de Desarrollo”. El plan se alinea “estratégicamente con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030” y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, con el objetivo de contribuir “no solo al interior de su territorio, sino al desarrollo y bienestar de todo el país”.



PAN se abstiene

Pese a que fue aprobado por mayoría, el grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) votó en abstención. La diputada Luz Alicia Delfín Rodríguez criticó la forma en que se presentó el dictamen, señalando que “el acuerdo que se encuentra a consideración, en nuestra opinión, transgrede el principio de deliberación democrática”, dijo.

Durante su intervención, advirtió que “se advierten violaciones en el procedimiento, específicamente en la falta de distribución por un espacio mínimo que propiciase la reflexión previa a la sesión en que se iba a discutir”, dijo.



Añadió que el documento no fue circulado con anticipación ni disponible en medios digitales del Congreso, lo cual “implica que los legisladores tengan un conocimiento razonable de las iniciativas… que estudian y aprueban. La calidad democrática de la decisión final de la Legislatura no solo depende de la expresión y defensa de la opinión del legislador en un contexto de deliberación pública, sino que esa participación se basa en un conocimiento informado y razonable”, afirmó.

Delfín Rodríguez sostuvo que “no se difundió su contenido, ni hubo mesas de discusión con los diversos grupos legislativos”. Cuestionó también si se realizaron las consultas a pueblos indígenas o si se integraron sus propuestas: “El grupo legislativo del PAN no tuvo oportunidad de acceder a este documento para su estudio y análisis”.