Aprueban en Congreso la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

Con 36 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, el Congreso de Veracruz aprobó la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, pese a advertencias de la oposición sobre posibles riesgos de espionaje institucional.

Durante la discusión, la diputada del PAN, Montserrat Ortega Ruiz, advirtió que la figura del consentimiento tácito prevista en la ley permitiría a las autoridades disponer de datos personales sin autorización expresa.



“Esta es una legislación de espionaje disfrazada de ley de protección de datos personales”, dijo.

Agregó que, si un ciudadano no se opone expresamente al aviso de privacidad, las autoridades podrán compartir información como bienes, cuentas bancarias, domicilio, RFC, nombre de hijos, pareja y número telefónico.

La advertencia se refiere al artículo 15 de la ley, que considera otorgado el consentimiento cuando el titular ha recibido el aviso de privacidad y no manifiesta oposición.



La diputada de Movimiento Ciudadano, María Elena Córdova Molina, sostuvo que la norma abre la puerta a un manejo discrecional de información privada. “Se pone en riesgo la privacidad de los ciudadanos”, señaló.

Adrián Sigfrido Ávila Estrada, también de Movimiento Ciudadano, criticó el proceso legislativo y afirmó que el dictamen fue circulado apenas a la una de la tarde del mismo día de su aprobación. “¿Por qué tanta prisa?”, cuestionó. Acusó además que el Congreso se ha vuelto “una oficialía de partes del Ejecutivo”.

La priista Ana Rosa Valdez Salazar señaló que la iniciativa aprobada es una réplica del proyecto enviado por la gobernadora Rocío Nahle. “Ni siquiera especifica con claridad quién será el órgano garante en el ámbito municipal”, dijo.



De acuerdo con el dictamen, la Contraloría General del Estado será la autoridad garante en el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos, mientras que, en los poderes Legislativo, Judicial y organismos autónomos, esa función recaerá en sus respectivas contralorías internas.

“El dictamen reconoce a las autoridades garantes como competentes para implementar acciones en materia de protección de datos personales y, principalmente, resolver recursos de revisión”, establece el texto.

La Contraloría no podrá intervenir en recursos contra resoluciones de otros entes públicos, ni promover acciones o controversias constitucionales.



La ley señala que las decisiones de las autoridades garantes podrán impugnarse mediante juicio de amparo ante tribunales federales.