Aprueban en San Lázaro nueva ley contra trata de personas

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que prevé sanciones de hasta 27 años de cárcel y multas de hasta 3 mil 300 días de salario mínimo a quienes incurran en ese delito.

Durante la sesión ordinaria en San Lázaro se aprobó con 396 votos en favor y una abstención la nueva ley que busca revertir ese delito que deriva en casos de prostitución infantil, tráfico de personas y órganos, trata de blancas y explotación sexual.

Dicha legislación tiene por objeto prevenir y sancionar la trata de personas, así como establecer la protección, atención y asistencia a las víctimas a fin de garantizar el respeto a su libre desarrollo, ya sea de residentes o quienes sean trasladados a territorio nacional y de los mexicanos en el exterior.

Destaca que las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como la Procuraduría General de la República (PGR), en el ámbito de sus respectivas atribuciones, llevarán a cabo o colaborarán en la aplicación de programas permanentes para prevenir ese delito.

Asimismo señala que se sancionará a quien promueva la trata de personas u ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, por sí o para un tercero, a una persona por medio de violencia física o moral, engaño o abuso de poder para someterla a explotación sexual.

Del mismo modo, quien fomente los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a ésta, servidumbre o la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.

Detalla que a quien cometa ese delito se le aplicarán sanciones que entre seis y 18 años de prisión y multas económicas equivalentes de 500 a 2 mil 250 días de salario mínimo.

Además, en el caso de que se trate de un servidor público la sanción penal será de hasta 27 años de cárcel, de tres mil 300 días de salario mínimo de multa y la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación.

La misma pena se aplicará a quien cometa el delito contra una persona menor de 18 años o mayor de 60 o contra quien carezca de capacidad para comprender el significado del hecho o quien tenga discapacidad o se trate de un indígena.

También cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consanguinidad, afinidad o civil o bien habite en el mismo domicilio de la víctima, aunque no existiera parentesco alguno.

"Los delitos previstos en esa ley se perseguirán, investigarán y sancionarán por las autoridades federales cuando se inicien, preparen o cometan en el extranjero, siempre y cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en el territorio nacional".

El dictamen aprobado y regresado al Senado prevé el establecimiento de una política de Estado en la materia y la creación de una comisión intersecretarial para erradicar la trata de personas.

La ley establece la obligación de advertir al personal de líneas aéreas, cadenas hoteleras, restaurantes, bares y centros nocturnos, entre otros, acerca de la responsabilidad en que pueden incurrir en caso de facilitar o no impedir las conductas inherentes a la trata de personas.

En el dictamen se argumenta que cada año millones de personas, la mayoría mujeres y niños, son engañadas, vendidas, coaccionadas o sometidas a situaciones de explotación de carácter laboral, sexual o de servidumbre.

Ante ello resulta urgente actuar en el ámbito legislativo para hacer frente al problema, tanto desde el punto de vista preventivo como penal.

Se establece además que un informe vertido respecto al tráfico de personas por el Departamento de Estado de la Unión Americana el 5 de junio de 2002 indica que la mayoría de las mujeres, niños y niñas que son objeto de trata en el país provienen de América Central con destino a Estados Unidos y Canadá.

También se dan flujos provenientes de Brasil y de Europa del Este y en menores cantidades de Asia y Medio Oriente.

Asimismo se calcula que entre 16 mil y 20 mil niños mexicanos y centroamericanos son sujetos de abuso sexual, principalmente en la franja fronteriza y destinos turísticos.

El UNICEF, por su parte, ha establecido que de las 32 entidades federativas del país 21 están involucradas en la explotación sexual, destacando Ciudad Juárez, Tapachula y Tijuana, así como Acapulco Cancún y Guadalajara.