Ariadna Montiel rechaza señalamientos de Maru Campos y la acusa de vulnerar soberanía

La presidenta nacional de MORENA, Ariadna Montiel Reyes, rechazó los señalamientos de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien la acusó de presuntos vínculos con el crimen organizado, y la retó a presentar pruebas ante las autoridades correspondientes.

En un posicionamiento difundido en sus redes sociales, Montiel calificó las acusaciones como infundadas y sostuvo que buscan desviar la atención de lo que considera un asunto de mayor relevancia: la participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado en territorio nacional.

La dirigente morenista exigió esclarecer qué funciones desempeñaron los agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), quién autorizó su intervención y quién debe responder por la presunta vulneración de la soberanía mexicana.

El pronunciamiento se produjo después de que Campos afirmara, en una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, que Montiel tenía vínculos con el crimen organizado. La gobernadora aseguró que incluso planteó esa acusación directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum durante una reunión privada.

Montiel respondió con críticas a la mandataria chihuahuense, a quien atribuyó presuntos actos de corrupción, deslealtad y conductas contrarias a los intereses de sus gobernados. También cuestionó su actuación frente al tema de la participación de agentes extranjeros en el operativo.

En su mensaje, la dirigente de Morena defendió su trayectoria y afirmó que su trabajo se ha enfocado en atender a sectores en condiciones de pobreza, particularmente a integrantes del pueblo rarámuri de Chihuahua.

Asimismo, expresó que su partido mantendrá la confrontación política con el gobierno estatal y manifestó su expectativa de que Morena llegue a gobernar la entidad.

Las declaraciones de Montiel profundizan el enfrentamiento público con Campos, luego de que la gobernadora la señalara por supuestos nexos criminales. Hasta el momento, los señalamientos de ambas partes deben distinguirse de hechos acreditados mediante investigaciones o resoluciones de las autoridades competentes.