Artistas denuncian en redes cobros excesivos para usar recintos municipales de Xalapa

Productores y actores de Xalapa denunciaron abusos por parte de la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento capitalino, acusando cobros excesivos para realizar funciones en recintos municipales y amenazas de uso de la fuerza pública para impedir sus presentaciones.

A través de redes sociales, creadores escénicos señalaron que el Gobierno Municipal les exige pagos que superan los 10 mil pesos para autorizar funciones en espacios como el Centro Recreativo Xalapeño. Además, deben entregar una comisión por la venta de boletaje.

El actor y productor Jonathan Barrales relató que, a pesar de contar con el permiso de la Dirección de Cultura para presentar una función de títeres, desde Desarrollo Económico le exigieron cubrir 8 mil pesos por un dictamen de Protección Civil, contratar una ambulancia por 2 mil 500 pesos y pagar un permiso adicional que, según se le indicó, podría costar entre 5 y 500 UMA.



La UMA (Unidad de Medida y Actualización) para este 2025 es de 113.14 pesos diarios, por lo que el permiso podría costar entre 565 y hasta 56 mil 570 pesos, dependiendo del criterio de la autoridad.

Jonathan afirma que nunca antes le habían exigido estos pagos para presentarse en el Centro Recreativo Xalapeño, pero que al acudir a las oficinas de Desarrollo Económico fue atendido por una funcionaria identificada como “la licenciada Monserrat”. Según su testimonio, ella le advirtió que si no cubría los pagos, la función sería considerada ilegal y que se enviaría a la fuerza pública para detenerla.

Sin embargo, en el directorio oficial del Ayuntamiento de Xalapa no aparece ninguna funcionaria con ese nombre adscrita a la Dirección de Desarrollo Económico. La única persona con ese nombre se encuentra en la Unidad de Quejas, Denuncias e Investigación.



Barrales también cuestionó si estos cobros aplicaban incluso para funciones gratuitas en espacios públicos municipales. La funcionaria respondió que sí y sugirió cancelar la función. Pero además, los artistas debían enviar un documento para deslindar al Ayuntamiento de cualquier responsabilidad.

A esta denuncia se han sumado otros creadores escénicos que aseguran haber vivido situaciones similares: autoridades municipales acudiendo a sus funciones para revisar cuántas entradas se vendieron o cuántas se dieron como cortesía y con base en ello exigir el pago de impuestos.

En el caso específico de Jonathan, la función tenía un aforo previsto de apenas 35 personas con un costo de entrada de 100 pesos, es decir, una recaudación estimada de 3 mil 500 pesos. Menos de la mitad del gasto proyectado en permisos y requisitos exigidos por Desarrollo Económico.



“No estamos en contra de pagar impuestos”, subraya Jonathan. “Creo que debemos hacerlo, porque eso nos ampara como contribuyentes. Pero los insumos y demás trámites que nos piden ya son un exceso”.