Asciende a más de 2 mmdp deuda a personal despedido injustificadamente de ayuntamientos

A más de dos mil millones de pesos asciende el monto que se debe pagar por laudos laborales a favor de extrabajadores de confianza y de base despedidos injustificadamente en casi todos los ayuntamientos y en dependencias estatales del Poder Ejecutivo, manifestó Concepción Flores Saviaga.

La magistrada adscrita al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), dijo que al momento son cerca de tres mil expedientes los que se encuentran radicados, de los cuales dos mil están en proceso de ejecución y mil en trámite.

El número de extrabajadores involucrados no se ha determinado, ya que cada expediente es tramitado en forma individual o grupal, y reconoció que es una deuda impagable, sobre todo en estos momentos, porque no hay las condiciones económicas ni la voluntad de las partes para llegar a acuerdos.



Reconoció que es alarmante esa situación, sobre todo porque al mes sólo se logran conciliar de tres a cuatro casos; se llega al acuerdo de reinstalar a los trabajadores y pagar los adeudos en parcialidades.

En ese sentido, la Magistrada expuso que el problema se ha complicado porque se ha despedido a trabajadores de base, quienes tienen mayores prestaciones a las del personal de confianza.

“Si fueran congruentes las autoridades electas, respetando la ley, los problemas no serían tantos, pero la política se ha descompuesto y corrompido. Si un empleado no apoyó en la campaña, es despedido, cuando la legislación electoral prohíbe a los empleados involucrarse en los procesos comiciales, por lo que no deberían suceder las venganzas políticas. Creo que los conflictos surgen por la naturaleza de las personas”.



Los casos más antiguos datan de hace 10 años, y hay situaciones de pequeños municipios en donde el Alcalde entrante despidió a todo el personal para poder contratar a recomendados o cumplir con compromisos.

Por eso se ve rezago en los municipios, porque empieza la nueva administración con personal sin experiencia y en otros casos no toman en cuenta la capacitación del personal.

La Magistrada dijo tener conocimiento de que algunos alcaldes han solicitado autorización para la venta de propiedades del Gobierno municipal para poder pagar; sin embargo, aseveró que es imposible vender el patrimonio, ya que no es propiedad del presidente en turno, sino del municipio.



Para evitar que en el cambio de administración municipal del próximo año se generen nuevos laudos, expuso que el TECA deberá intervenir para evitar que no se afecte a todo el personal de los ayuntamientos.

Se tendrán que ir los que se deben ir, con el pago de las prestaciones que marca la ley a las que tienen derecho; “si todos respetamos la ley, los conflictos no son tan grandes”, declaró.