Asesinato de periodistas en gobierno de Yunes Linares, "señal de alarma": Emilio Álvarez Icaza

El saldo de cuatro periodistas muertos en el primer año de Miguel Ángel Yunes Linares representa una "señal de alarma", analizó el defensor de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza.

En entrevista desde céntrico café, el sociólogo y ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), añadió a la estadística el asesinato de Gumaro Pérez, en Acayucan.

"Cada que se atenta contra un periodista, toda la sociedad pierde; el homicidio es la forma más brutal de censura y los actos criminales contra Gumaro son de una extraordinaria preocupación" afirmó el defensor.



Asimismo, urgió a revisar la manera más eficaz para combatir esta matanza de reporteros, debido al fracaso de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

"El problema es que nunca hay culpables, se ataca a los periodistas de distintas formas y pareciera que prevalece la voluntad de no investigar", agregó.

Avistó un escenario de más violencia contra los reporteros y por lo anterior demandó reforzar los mecanismos federales y locales vigentes; no sólo para proteger a los periodistas, sino para detener a los culpables.



"En un escenario en donde las amenazas se cumplen, inhiben la libertad de expresión", dijo Emilio Álvarez.

De igual manera, Álvarez Icaza tildó de "legislación equivocada peligrosa" la recién aprobada Ley de Seguridad Interior; dada la línea para acortar facultades a las policías civiles.

"Yo no veo que el problema esté en las Fuerzas Armadas, sino en la decisión explícita de mermar el de por sí débil aparato (de seguridad)", indicó.



A lo anterior agregó las ausencias de titulares por igual en la Procuraduría General de la República y en la Fiscalía Anticorrupción.

El activista planteó lo anterior en un contexto de una negativa a dicha Ley por parte de Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de intelectuales y los actores Gael García Bernal, Diego Luna y Damián Alcázar.

Por lo anterior recordó que la propia organización Amnistía Internacional pidió al Poder Ejecutivo vetar dicha Ley.



No dudó en culpar al PRI y a su aliado el PAN, de facilitar la votación en pro de la aprobación de esta nueva legislación; aunque previó una respuesta masiva de la sociedad para detenerla.

Esto, por medio de una acción de inconstitucionalidad; la cual pueden formular los congresos estatales, los cabildos y los activistas civiles.